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La empresaria ganadera demandó a la entidad bancaria y pide una indemnización de G. 140 mil millones por incumplir un contrato y haber facilitado el desfalco de millones debido a que no accionó ningún control o alarma, pese al millonario movimiento.
En el caso penal están imputadas Annie Gibbons de Giménez, suegra del viceministro de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Jorge “Turi” Capello y la esposa de éste, Silvia Noelia Giménez Gibbons (hija de Annie); además de Fabiola Bareiro de Gómez, esposa del intendente de Lambaré, Armando Gómez y Carmen Lourdes López Sosa, quien trabajaba con la familia Llorens desde hace 20 años, entre otros.
En el comunicado, Banco Itaú expresa: “Ante las publicaciones en los medios acerca de una demanda promovida en contra de nuestra institución por la empresa Viradolce S.A., cumplimos en informar que hasta el momento no hemos sido notificados de tal acción, por lo que no podríamos emitir consideraciones al respecto”.
Asimismo, deslinda responsabilidades: “Reiteramos y negamos categóricamente cualquier implicancia en las denuncias realizadas con anterioridad y confirmamos que el Banco Itaú siempre ha obrado en cumplimiento a las normas y las leyes vigentes, siguiendo estrictamente los estándares y protocolos internos de nuestra Institución”.
Por último, se muestra interesado en que todo se aclare: “Como entidad bancaria, somos los primeros interesados en que se aclaren los hechos denunciados, razón por la cual seguiremos colaborando y proporcionando toda la información requerida en tiempo y forma ante los órganos correspondientes”.