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La intención de la Municipalidad de Asunción -a través de una ordenanza- de poner a la venta terrenos de zonas inundables, actualmente habitados por bañadenses, trae a colación una problemática de complejas aristas y no escapa a la confrontación, tal y como ocurriera el miércoles último durante una manifestación de bañadenses que se oponen a abandonar este lugar.
Los Bañados se extienden por 18 km y de 0,5 km a 2 km de ancho, con una totalidad de 2.000 hectáreas aproximadamente. El área comprende desde el cerro Lambare hasta Zeballos Cue. Según datos del Servicio de Paz y Justicia del Paraguay, la población bañadense representa casi un 20% del total de la capital del Paraguay, aproximadamente 150.000 personas, un 60% es menor de 20 años, el 85% está asentado en terrenos fiscales y solo el 15% tiene documentación legal de la propiedad. Tales cifras datan de setiembre de 2013.
La migración hacia la ribera del río Paraguay inició en la década del 50, motivado por los deseos de un mejor porvenir no encontrado en el interior del país y de aprovechar la cercanía con el hospital de Clínicas; sin embargo, la marginación sucesiva de los gobiernos ha sumergido a esta franja poblacional dentro de la extrema pobreza, expuesta a problemas de salud y desastres naturales.
Como prueba de esta exclusión del Estado es el hecho de que solamente se ha realizado un censo oficial de población y vivienda en los Bañados. Este estudio data del año 1996; en aquel entonces el número de familias asentadas en ambas zonas rondaba las 5.000 familias, integradas en promedio por 4 a 5 miembros.
La falta de empleo formal hace que las familias vivan de la recolección de desechos, pero mediante la autogestión lograron contar con servicios básicos como agua, energía y puestos de salud.
En el año 1983, a partir una severa inundación, nació la necesidad de contar con una defensa costera; esta idea tomó forma recién en 1993, pero no pasó de una intención por diversas causas. En la actualidad solo se tiene la avenida Costanera a medio terminar, como parte mínima del proyecto integral.
Veintiún años después de aquel episodio, las aguas volvieron a desbordarse y los primeros perjudicados han sido los bañadenses, obligados a desplazarse hacia lugares altos.
Debido a la falta de espacios para albergar a la gran cantidad de evacuados se habilitaron precarias casas de madera, lo que trajo también inconvenientes con lugareños de zonas altas.
Desde el inicio de esta crisis solo el municipio asunceno estima que la asistencia llegó a 17.000 familias. Considerando que cada familia tiene en promedio cinco integrantes, la cantidad de personas que recibieron ayuda asciende a 85.000. El municipio incluso estima que la población total supera las 20.000 familias, unas 100.000 personas.
Al último informe de la SEN, del 09 de julio, el número de familias afectadas por las inundaciones en la ciudad de Asunción ascendía a 16.713. A nivel país, el número a esa fecha ascendía a 49.189 familias, lo que equivale a 83.565 personas en la capital del país, y 245.945 en total a nivel país, en el cálculo promedio de una familia de 5 integrantes. El informe de asistencia de la Municipalidad de Asunción, al 17 de julio, sostenía que se habían asistido a 17.730 familias en situación de riesgo, refiere un estudio realizado por el Centro de Estudios Paraguayos Antonio Guasch.
Esta cifra contrasta con la cifra de 120.000 habitantes de los Bañados, estimada por la Coordinadora General de de Organizaciones Sociales y Comunitarias de los Bañados de Asunción (Cobañados), fundada hace 11 años, y más aún en comparación con la cifra del Servicio de Paz y Justicia del Paraguay (Serpaj).
Esta diferencia se sustenta en el hecho que no todas las familias abandonaron sus hogares y otro grupo directamente no recibió asistencia de la comuna y confirma a la vez la falta de datos certeros sobre la evolución poblacional en los Bañados.
Recién con el conflicto entre el municipio y los pobladores del Bañado reflota la idea de un censo para conocer la cantidad real y partir de esto establecer políticas de desarrollo, refería en la mañana la abogada Ana María Morel, asesora jurídica de la intendencia de Asunción.