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“Había dos cuestiones fundamentales que atentan contra los derechos constitucionales: en primer lugar, la frase que vetó: 'Que debe ajustarse al proceso penal'. Eso fue lo que se vetó, porque esperar una sentencia definitiva lleva años. Esa parte evidentemente era la manifiestamente inconstitucional, pero también en entredicho todo el sistema de mayorías, por eso creo que lo correcto sería el veto total”, opinó el doctor Emilio Camacho, asesor jurídico de la Cámara Alta.
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La ley de autoblindaje fue aprobada en el Congreso y vetada por el presidente Horacio Cartes de manera parcial. El reglamento señala que para desaforar a un legislador es necesaria una sentencia judicial previa y una mayoría de dos tercios en la sesión.
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Camacho dijo que el desafuero y la pérdida de investidura son cuestiones totalmente parlamentarias porque el periodo de cada legislador solo dura cinco años, mientras que un juicio podría extenderse mucho más y es necesario tomar una postura ante un escándalo.
“Hay cuestiones más puntuales que requieren una respuesta inmediata de sus pares, como un legislador apretando a un juez para que se dé una sentencia”, ejemplificó, en relación a los audios filtrados del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Finalmente, el asesor jurídico del Senado sostuvo que este proyecto de ley se llevó a cabo incorrectamente, ya que reglamentaciones tan delicadas como estas necesitaban un debate previo que involucre a todos los sectores, o por lo menos a varios referentes políticos, por lo que se pudo aplicar la ley de la audiencia pública.