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“En la auditoría se constató la existencia de conductas que podrían ser penalmente relevantes, sin perjuicio que el Ministerio Público durante el transcurso de las investigaciones, constate la existencia de otros hechos que también deben ser investigados”, señala parte de la denuncia contra personas innominadas sobre adquisición fraudulenta de subvenciones.
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La acción fue presentada ante la Fiscalía por la ministra Anticorrupción Teresa Rojas, Luis Cardozo, ministro auditor General del Poder Ejecutivo y Carlos Arregui, ministro asesor Transparencia e Integridad de la Presidencia.
Se detalla que la verificación que hicieron in situ en distintos distritos de cuatro departamentos: Alto Paraná, Caazapá, San Pedro e Itapúa, se constató entrega de aportes a familias que no se encontraban en situación de vulnerabilidad o extrema pobreza.
“La mayoría no se adecuaban al Índice de Calidad de Vida (ICV) necesario para ser beneficiario del Programa por lo tanto se encontraban percibiendo indebidamente subvenciones (...) Funcionarios públicos encargados de realizar la ficha censal dejaron constancia de hechos no reales (...); Se constató la existencia de una beneficiaria que no ha percibido pero según reporte ya contaba con 30 cuotas pagas”, expresa la denuncia.
De acuerdo a los datos, las familias que reciben en forma irregular la ayuda estatal pueden llegar a unas 2.000.