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La imputación fiscal fue presentada ante el juez de garantías de esta ciudad caazapeña, Waldemar Ortiz, por los delitos de canalización de recurso hídrico, obras hidráulicas y explotación agrícola sin la licencia ambiental correspondiente y afecta a los productores Prisciliano Villalba, de esta localidad, Óscar Chivas y José Matiauda, ambos domiciliados en el departamento de Itapúa.
El pasado 29 de enero, una comitiva judicial-fiscal encabezada por el juez de garantías de Yuty, Waldemar Ortiz, y la fiscala de Medio Ambiente, del departamento de Caazapá, Karina Escurra, acompañado por la ministra de la Secretaría del Ambiente (Seam), María Cristina Morales, sorprendieron a los encargados del establecimiento agrícola de Prisciliano Villalba cuando estaba bombeando agua del río Tebicuary hacia un arrozal de unas 400 hectáreas. La extracción de agua se estaba realizando pese a la prohibición de la Seam, debido a la bajante del río en cuenta alta.
El procedimiento fue ejecutado como anticipo jurisdiccional de pruebas y como primera medida el juez Ortiz ordenó a los funcionarios de la ANDE, quienes estaban acompañando la diligencia judicial, que corten la energía eléctrica a los motores de la bomba de agua y lacren los tableros para que no sean nuevamente utilizados. Igualmente, el procedimiento se realizó en los arrozales de Óscar Chivas y José Matiauda, que están instalados en forma irregular en una colonia perteneciente a la Indert.
En un momento del operativo se presentó Prisciliano Villalba asegurando que contaba con la documentación correspondiente, que tenia licencia ambiental, pese a que en el lugar estaba los funcionarios de la Seam y la misma ministra Maria Cristina Morales, quien aseguraba que dicho poblador no contaba con la licencia para la explotación agrícola y menos para extraer agua del Tebicuary.
La fiscala Escurra señaló que en su escrito de imputación se ratificó en el pedido de incautación de todos los equipos encontrados en los arrozales, como tractores, motores y otros elementos utilizados en el lugar. La agente fiscal dijo que inclusive va a exigir el desmantelamiento de los motores potentes y que estos sean llevados hasta un depósito del Ministerio Público de la ciudad de Caazapá.