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“En ese sentido, la máxima instancia judicial dispone igualmente organizar a través de la Dirección de Políticas Lingüísticas Judiciales todo lo concerniente a la formación de ciudadanos que recurran a la administración de justicia y auxiliares de ella, así como la educación y la capacitación de los mismos según establece la Constitución Nacional y la Ley de Lenguas, además de otras normativas que fundamentan la aplicación del bilingüismo paraguayo”, señala un informe dado a conocer por la Corte Suprema.
También se acordó la formación, educación y capacitación de todos los agentes involucrados en la administración de justicia, como así también a sus operadores y auxiliares de justicia, con competencia comunicativa oral y escrita, en ambas lenguas oficiales, de manera a dictar las resoluciones definitivas en castellano y en guaraní.
La acordada aprobada dispone igualmente la obligatoriedad de la bilingüización del Poder Judicial en todas las circunscripciones judiciales de la República, afectando a todos los funcionarios judiciales de rangos superiores e inferiores por jurisdicción y competencia, al igual que aquellos que forman parte de los organismos administrativos del Poder Judicial.