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En sesión ordinaria de ayer, martes, los ediles colorados Víctor Benítez, Blas Benítez, Alberto Genes y Delfín Toledo, junto con Alejo Fariña (PT), Jorge González (PDC) y Óscar Figueredo (PLRA), por mayoría de 7 votos y 2 en contra, resolvieron aprobar el pedido de intervención de la Comuna administrada por la intendenta, Andresa Benítez (PDC), por supuestas irregularidades, falta de documentos respaldatorios de las diferentes obras y transferencias que la municipalidad realizó, además del mal manejo administrativo y financiero de la institución. Votaron en contra Marlene Toledo (EN) e Isidro Mercado (FG).
El presidente de la corporación legislativa, Jorge González, indicó que aprobaron el pedido no con malas intenciones sino con las de utilizar bien los recursos que recibe la Comuna para con la ciudadanía. “El año pasado, la Municipalidad recibió recursos por más de G. 5.500 millones en concepto de royalties y Fonacide, y no existen obras importantes que la intendenta haya hecho para utilizar todo ese dinero”, denunció.
Asimismo, reclamó que la intendenta Benítez no pase a la junta las documentaciones de las diferentes obras que realizó, por ejemplo, construcción de aulas, cuyo costo ignoran, así como tampoco tienen conocimiento sobre las empresas adjudicadas, a pesar de que lo solicitaron a través de varias notas e inclusive por resolución. Señaló que tampoco cumple con la ley de transparencia, la cual le exige subir a la web de Contrataciones Públicas las diferentes licitaciones que llama la municipalidad. “Todas las obras lo realiza por sí misma, ningún documento pasa por la junta”, exigió.
Por su parte, la edil Marlene Toledo (EN), quien votó en contra de la intervención, defendió a la jefa comunal, alegando que existen intereses particulares dentro de la Junta Municipal, sin mencionar quién, e indicó que con pruebas y documentos van a aclarar las cosas.
Intentamos conversar con la intendenta Andresa Benítez (PDC) para tener su versión, pero la misma no atiende nuestras llamadas al número con terminación 727.
En 2013, la Comisión de Transparencia Ciudadana denunció a la ejecutiva municipal Benítez por lesión de confianza por el periodo 2010-2015; sin embargo, el entonces fiscal Alcides Espínola había solicitado la desestimación de la causa por no haber un dictamen previo de la Contraloría General de la República, que posteriormente fue apelado y actualmente se encuentra en la Cámara de Apelaciones del Poder Judicial de Villarrica, pendiente de resolución. En 2015, fue denunciada nuevamente por lesión de confianza y enriquecimiento ilícito; sin embargo, la causa se encuentra archivada en el Ministerio Público.