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Con 58 votos por la aprobación del dictamen de Asuntos Constitucionales, y 13 por la versión de legislación, los diputados aprobaron este miércoles con modificaciones el proyecto de ley que obliga a funcionarios del Estado a hacer públicas sus declaraciones de bienes.
Como representante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, habló el diputado Derlis Maidana, quien expresó que están de acuerdo en la necesidad de publicar la declaración jurada de funcionarios públicos, “siempre y cuando no se atente contra otras leyes, como la de los menores o la de bancos”.
Añadió que la comisión hizo un análisis en el que determinó que el derecho a la información y el respeto a la privacidad de las personas “alguna veces se contraponen y debe analizarse en qué caso uno supera al otro”.
Añadió la propuesta de que “con la modificación de la ley propuesta por la Cámara Alta se accederá desde el portal de la Contraloría previa orden judicial”, y continuó proponiendo que “la ampliación del universo que está obligado a presentar declaración a todas las empresas que contratan con el Estado y reciben fondos públicos”, dijo.
“Así como a los servidores públicos nos obligan, también la ciudadanía tiene derecho a saber de estas empresas”, continuó arguyendo.
Planteó también establecer “seis meses para la entrada en vigencia, para poner en condiciones el sistema informático de la Contraloría”, y pidió tener en cuenta “la ley 9977/96 artículo 3 numeral 4, que aprueba la Convención Interamericana contra la Corrupción, por todas estas argumentaciones de recomienda la aprobación con modificaciones”, expresó el diputado Derlis Maidana.
Por su parte, el diputado Basilio Núñez propuso agregar al acápite del proyecto de ley una ampliación de las disposiciones. “Proponemos ampliar porque es importante, ya que estamos viendo que el funcionariado público debe presentar su declaración jurada, no hay que olvidarse que hay un sector empresarial proveedor de bienes, servicios, y de entidades binacionales del Estado que es interesante también transparentar. Así vamos a colaborar a eliminar las famosas empresas de maletín, donde el que hace una sociedad anónima la hace con el único objetivo de ganar una licitación”, argumentó Bachi Núñez.
Sebastián Villarejo, del partido Patria Querida, expresó por su parte que está de acuerdo con la transparencia de las empresas proveedoras, “pero eso no corresponde en esta ley. Esta ley se trata del artículo 104 de la Constitución Nacional y no debemos mezclar los tantos, sino la ley no será nunca aplicable”, puntualizó el parlamentario.
Además, llamó la atención sobre el hecho de que uno de los dictámenes expresaba que “la publicación de los datos es una vez obtenida la autorización jurisdiccional respectiva”.
El diputado no estuvo de acuerdo con esta condición y dijo que le parece “un retroceso, además riñe con el espíritu de la publicidad”.
Finalmente, se ratificó en que se apruebe el dictamen de la comisión “y trabajemos en la transparencia de las declaraciones juradas de funcionarios públicos al margen de trabajar seriamente en cómo controlar las empresas de maletín, que es necesario y que podemos pulir y mejorar, pero en otra ley”, opinó.
Finalmente, ganó por mayoría de votos la propuesta de incluir a las empresas privadas que reciben dinero del Estado en la obligación de presentar declaraciones juradas.
Tras la votación, la sesión fue levantada por falta de quorum. Ahora, el proyecto de ley vuelve al Senado.