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Esta mañana, los apoderados nacionales y departamentales de la Asociación Nacional Republicana (ANR) se reunieron con el mandatario nacional, Horacio Cartes, en Mburuvicha Róga. Según Wildo Almirón, llegaron hasta el lugar para manifestarle su preocupación por la coyuntura política actual, que no le permite el tratamiento de su renuncia en el Congreso.
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“Creemos que la renuncia de un ciudadano a un cargo, por un motivo como este, más que justificado, debe ser atendido como la Constitución lo obliga, autorizando o dando el permiso para que proceda a la renuncia. Sabemos que el incumplimiento de los principios básicos de la República trae consigo una anarquía, que no es lo que queremos para el Paraguay”, manifestó.
Sin embargo, el conflicto actual se debe a que muchos legisladores consideran anticonstitucional la resolución de la Corte, que falló a favor de que el titular de Ejecutivo, Horacio Cartes, pueda jurar como senador activo.
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Entretanto, la Carta Magna (1992) reza claramente que el presidente de la República, al culminar su mandato, debe ser senador vitalicio, misma razón por la que a Nicanor Duarte Frutos no le dejaron jurar en 2008.
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Además, el presidente Cartes ha intentado violar los designios del espíritu que reza en la Carta Magna al tratar de conseguir la reelección presidencial a través de una enmienda del reglamento interno del Senado, en una sesión que tampoco se rigió por las normas establecidas, cuando un legislador se autonombró titular de la Cámara Alta.
Su intento fue truncado tras la oposición de la ciudadanía, que concluyó en la quema del Congreso Nacional y la muerte del dirigente liberal Rodrigo Quintana.
El apoderado insistió en la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que lo habilita para jurar. “Ningún ciudadano, por más que no esté de acuerdo, debe acatar la sentencia judicial”, subrayó.
Por su parte, Eduardo González, también apoderado del Partido Colorado, coincidió con las palabras de Almirón. “El Presidente ya pasó por todos los filtros correspondientes, pasó unas internas, ganó unas elecciones generales por más de 700.000 votos. Aquellas personas que impugnaron su condición de presidente de la República para pugnar como senador fueron rechazadas, por lo que hablar de inconstitucionalidad a estas alturas suena a disco rayado”, aseveró.