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Roden Antonio Leiva Espínola, exdirector de Detención de Menores, y Derlis Vicente Vázquez, ex jefe de Seguridad de la institución, están acusados de someter a los adolescentes a torturas tales como golpes en la planta de los pies (pypyte) o manos (popyte), o en las yemas de los dedos (huevito) con un caño.
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“Presentamos pruebas documentales, testificales y, creo yo, lo más importante: el testimonio de estos chicos”, indicó la fiscala Silvia Cabrera, quien lamentó sobre todo que los jóvenes tuvieran que enfrentar sus temores y recordar los abusos en juicio y aun así no fueron tenidos en cuenta. Adelantaron la apelación.
La agente fiscal lamentó que el Tribunal argumentara que no se hallaron rastros de tortura, cuando es consabido que justamente los mecanismos de tortura, incluso durante la época de la dictadura, buscaban evitar dejar rastros. “Los estudios psicológicos practicados a los docentes reflejaron que presentaban daños a consecuencia de estos hechos. Uno de ellos casi se quiso quitar la vida y otro perdió parte de la audición del oído izquierdo por los saplé (golpes con mano abierta) que recibía del jefe de Seguridad”, dijo.
“Para nosotros esta sentencia representa un retroceso”, dijo la fiscala, recordando los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país y resaltando que la población penitenciaria es considerada en vulnerabilidad y más aún tratándose de menores.
Otro abuso que denunciaron los menores, por ejemplo, es la imposición de matar 200 a 250 moscas con la mano, bajo advertencia de ser castigados físicamente si no lo conseguían.
“Nosotros no vamos a parar hasta tener justicia”, destacó, a la vez de dirigirse a los denunciantes refiriendo que “ellos no están solos, ellos no tienen que sentirse mal. Ellos son valientes”.