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El representante del Ministerio Público criticó fuertemente al juez penal de garantías, Humberto Otazú, a quien acusó de instalar “un estadio procesal insostenible y fulminante de la seguridad jurídica que debió garantizar” al concederle la prisión domiciliaria por compurgar la pena mínima establecida para el delito de lavado de dinero, informó Marcia Ferreira, periodista de ABC Color.
En su escrito, Pecci insiste en el peligro de fuga que existe con el procesado, pues el mismo tiene su residencia en la ciudad de Capitán Bado y está a pocas cuadras de la frontera seca con Brasil, motivo por el cual apela la medida y solicita la revocación, para que vuelva a ser recluido en una prisión.
El jefe comunal de Capitán Bado con permiso fue detenido el 5 de enero pasado y desde entonces se encuentra en la Penitenciaría de Tacumbú. En su primera presentación ante la justicia para la audiencia de imposición de medidas, el político solicitó cumplir la medida de prisión en la sede de la Comuna de Capitán Bado, planteamiento rechazado por el juzgado. Denilso volvió a intentar en junio pasado abandonar la cárcel, pero el juez Humberto Otazú rechazó el pedido.
El fiscal Marcelo Pecci imputó a Denilso y a su hermanos Carlos Rubén Sánchez Garcete, alias “Chicharõ”, diputado suplente por el Partido Colorado, y Ardonio Sánchez Garcete, abogado, por el delito de lavado de dinero. El 14 de abril pasado, Chicharõ y Ardonio salieron en libertad por compurgamiento de la pena mínima, luego de seis meses presos. La fiscalía afirma que los Sánchez no pueden justificar el origen de su patrimonio de G. 15.224 millones.