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Miguel Villalba se puso a disposición de la fiscala Olga Patricia Melgarejo como testigo clave del caso. Acusó a Teófilo Aguilar como uno de los autores del asesinato del colono brasiguayo, una de las 13 familias pioneras del asentamiento que aún se niegan a abandonar sus parcelas a pesar del acoso que desde el 2004 venían recibiendo de parte de nuevos invasores del inmueble de 3.000 hectáreas, encabezados por Aguilar.
Villalba sostuvo que en la tarde del viernes, la víctima recibió en su celular, vía mensajes de texto, nuevas amenazas que le indicaban incluso la hora en que sería atacado. Afirmó que Aguilar le llamó esa tarde diciéndole que iba a matar al colono de origen brasileño por negarse a vender su derechera a la firma Agrícola Entre Ríos, que estaba comprando las parcelas con el apoyo extorsivo de Aguilar y su grupo.
Sostuvo que Aguilar se había comprometido con la empresa en conseguir la venta masiva de las parcelas y al encontrar una tenaz oposición de parte de un grupo perteneciente al Movimiento Campesino Paraguayo y de las 13 familias pioneras, se desesperó y comenzó a amenazar a todo el mundo. Afirmó que detrás del asesinato existen poderosos intereses poíticos y económicos.
La agente fiscal del caso, Olga Patricia Melgarejo, manifestó que cotejará todos los datos de las llamadas y mensajes para contar con las evidencias necesarias que le permitan aclarar el tema.
En la Laterza Cué, Mariscal López, ya hubo varios asesinatos vinculados al conflicto por la tierra. El más sonado fue en 2009 cuando una turba perteneciente al grupo encabezado por Teófilo Aguilar asesinó a un suboficial de policía.
El 14 de octubre de ese año, el entonces viceministro del Interior, Carmelo Caballero, llegó al lugar prometiendo la “presencia del Estado” y asegurando que se buscaría una pronta solución a los problemas del distrito. Dejó una comisión interinstitucional a cargo de Fernando “Pali” Kurtz y Jorge Armadans para buscar las soluciones, sin embargo poco o nada queda del trabajo realizado por el grupo.
El año pasado, quien fuera presidente del Indert, Luis Ortigoza, acompañado por el gobernador Antonio Buzarquis, aseguró que comparía el inmueble para solucionar de una vez el largo conflicto, sin embargo, hasta ahora nada tampoco se hizo y una nueva vida es el precio de la inoperancia del Estado.
La víctima pertenece a una de las 13 familias de origen brasileño que ingresaron en el lugar a fines de la década del 70, pero que después, en el 2004, en su mayoría fueron expulsados del lugar por invasores encabezados por Teófilo Aguilar.
Laterza Cué pertenece, según los datos, a Silvana Mengo de Laterza. Sin embargo, hace más de 40 años tiene conflicto ya que luego de la primera invasión, el terrateniente de origen grecobrasileño Euthymio Gregorios Ioannidis, logró que el título se adjudicara uno de los colonos, João Díaz Filho, a través de la figura de usucapión. Inmediatamente, Díaz Filho adjudicó el título a una de las empresas del griego, la Arcadia SA, traicionando a sus compañeros de lucha.
Los demás ocupantes siguieron luchando por obtener el título y ahora se presenta Entre Ríos alegando haber adquirido el título que Arcadia había vendido a la Santa Basílica, otra empresa vinculada a Ioannidis.