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Pese a que la justicia se expidió en el caso APA, por las graves irregularidades denunciadas en tiempo y forma por la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, el procedo iniciado por la Dirección General de Derechos de Autor, proseguirá hasta que se complete el periodo establecido en la citada resolución.
El documento firmado por el abogado Leopoldo López, director de Registro de la Dirección General de Derechos de Autor, prorrogó la autorización del funcionamiento provisional de APA, para las tareas de recaudación y gestión administrativa por el lapso de 30 días prorrogables.
Durante todo ese tiempo, APA funcionará bajo la intervención y administración judicial del Lic. Librado Sánchez, conforme a la Ley 1328/98, y bajo el control permanente de la Dirección General de Derechos de Autor, de la Dinapi.
Primeramente la ampliación del plazo fue solicitado por Sánchez, para continuar con las recaudaciones y otras gestiones administrativas. Este además remitió, en septiembre, al Tribunal de Apelación Civil y Comercial un informe preliminar sobre la situación financiera contable y un memorándum, haciendo constar los saldos bancarios de la entidad de gestión colectiva.
La Dirección Nacional de Propiedad Intelectual suspendió a APA por 180 días, a raíz de graves irregularidades en su administración, entre los cuales se menciona un faltante de G. 1.800 millones que desaparecieron de las cuentas de dicha asociación. En junio, la jueza Keren González, ordenó la intervención judicial de la asociación.
Luego, el Ministerio Público abrió una investigación por el desvío la millonaria suma mencionada, y actualmente, los exdirectivos se encuentran procesados. En ese contexto el juez penal de garantías, Rubén Darío Riquelme, impuso medidas alternativas a la prisión al extitular de APA, Cosme Alcibiades Roa, y a Luis Barrientos, ex secretario, por el vaciamiento de esta institución.
Por su parte, lo procesados por lesión de confianza y violación de retener libros contables y administrativos, tiene prohibición de acercarse a la sede de APA. Por la misma causa ya fueron imputados por apropiación y alteración de datos, Víctor Aquino y Juan Manuel Coronel Nakagawa, Librada Jiménez, Cecilia Riveros y Patricia Romero.