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Un documento tripartito firmado el pasado lunes en el local de la Procuraduría General de la República (PGR), con la presencia de los ministros de Industria y Comercio, Liz Cramer, y de Ambiente y Desarrollo, Ariel Oviedo, y de la Seprelad, María Epifanía González, apunta a la reactivación de la Azucarera Iturbe.
El acuerdo se denomina "Transaccional de pago y cesión de crédito" y fue rubricado por el procurador general de la República, abogado Sergio Coscia. En contraparte, lo hizo Freddie Pérez Tapia, en representación de la compañía Clean Energies Worldwide. A su vez, el abogado Marciano Torales Franco, firmó en representación de Azúcar Orgánica Iturbe S.A.
Según las explicaciones, el acuerdo implica la recuperación de la totalidad del pago que hizo el Gobierno, como un plan de salvataje de la industria, en el año 2015, de ₲ 15.000.000.000 (guaraníes quince mil millones), pagados a cañicultores, trabajadores y transportistas. El proyecto de inversión implica ampliar la unidad industrial y los cultivos de caña de azúcar, tanto propios de la empresa como de los miles de cañicultores de la zona de influencia, que abarca los departamentos de Guairá, Caazapá, Paraguarí y Caaguazú.
El objetivo de la reunión señalada también fue coordinar todas las acciones del Ejecutivo con vistas a acelerar el proceso de reactivación, que se hará con los equipamientos industriales actuales y con nuevos equipos que están en proceso de adquisición e importación, según se informó.
Acorde con los datos, actualmente se impulsan las gestiones para los procesos de aprobación de permisos y licencias ambientales, aprobación de la inversión bajo la ley 60/90, y demás trámites que están siendo coordinados por la PGR. “La inversión se hará cumpliendo con todos los estándares de sostenibilidad económica, social y ambiental, dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, indicó el procurador.
Recordemos que en el año 2014, el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, a sabiendas de que parte de la industria Iturbe era propiedad de un fideicomiso, aprobaron un aporte de G. 15.000 millones, que se materializó en 2015, supuestamente para recuperar la azucarera.
Acorde a los datos, la azucarera Iturbe había abultado su activo en forma dolosa, según opinó el entonces procurador general, Roberto Moreno, quien había solicitado su quiebra.