Otra imputación por caso docentes estafados

La fiscal Teresa Sosa anunció que ya presentó otra imputación contra una representante legal de una firma que vendió pagarés de deudas falsas de docentes a dos entidades bancarias. Ahora una de estas entidades busca nuevamente cobrar las supuestas deudas.

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La fiscal Teresa Sosa anunció que ya presentó otra imputación contra una representante legal de una firma que vendió pagarés de deudas falsas de docentes a dos entidades bancarias. Ahora una de estas entidades busca cobrar los montos, pese a que ya fueron saldados.

Los pagarés que fueron ejecutados en detrimento de unos 50 docentes estafados por la firma Insul SA fueron vendidos en dos ocasiones a entidades financieras diferentes, una de ellas, la desaparecida Ára Financiera. Ahora, una semana atrás, la otra empresa –Banco Continental– empezó a notificar a los docentes afectados que deben pagar las deudas falsas, pese a que ya fueron pagadas en su totalidad.

Teresa Sosa, fiscal encargada del caso, quien ya imputó a Julio Ariel Núñez y a Martha Manzoni, explicó que, además de que las deudas no existen, a través del juicio ejecutivo impulsada por Manzoni, “se les embarga sus sueldos con un juicio ejecutivo y demás del monto del pagaré, debían pagar 10% del gasto de justicia, intereses moratorios, honorarios de abogados. Esa deuda suma un monto mucho mayor al del pagaré”.

“Hay sospechas de usura por los montos elevados, van a tener que pagar esa deuda que no existe y que encima ya se abonó”, lamentó la agente.

Se sospecha que hubo –además de estos cincuenta– cientos de afectados más considerando que Torres estuvo operando varios años en dicha empresa. Lamentó que por la prescripción del delito, solo hayan podido actuar en el caso de estos maestros, ya que recibieron denuncias de otros que fueron estafados años anteriores. Dijo, además, que hay otros cientos de casos que actualmente están siendo analizados.

Explicó que luego del pedido de elevación a juicio oral, el juez penal de Garantías, quien sería Miguel Tadeo Fernández, debe aceptar o no la solicitud en un plazo máximo de 20 días.

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