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“Parte de una visión, de un enfoque errado, de cómo combatir la morosidad judicial”, evaluó Rubén Galeano Duarte, presidente de la Cámara de Abogados del Paraguay, sobre el proyecto de ley antichicana que presentó el ministro de la Corte Alberto Martínez Simón.
Según Galeano Duarte, esa problemática puede ser combatida exigiendo a los magistrados que dicten fallos en el tiempo establecido, que cumplan sus horarios en los despachos y se centren en su trabajo, dejando de lado actividades particulares. “Allí creo que podríamos por lo menos objetivamente establecer las responsabilidades y causas de la morosidad”, consideró.
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Asimismo, señaló que el anteproyecto tiene varios “problemas desde su concepción”. Primeramente, dijo que no expresa una exposición de motivos, por lo cual no se puede saber “a qué apunta”, pese al título que se le da.
Sobre el texto en sí, manifestó que se “deduce que” es un proyecto que plantea combatir la morosidad judicial pero parte de un error conceptual. “Al trasladar única y exclusivamente a las partes justiciales o los profesionales del derecho la responsabilidad por la mora y la dilación del trámite de los expedientes”, explicó.
En ese mismo sentido, destacó que el artículo 16 de la Constitución Nacional estipula que toda persona puede defenderse en su juicio y tiene derecho a un juez independiente e imparcial. “Esta garantía del juez imparcial permite que no se pueda limitar el número de recusaciones si es que yo tengo causales válidas de recusación con el magistrado. La ley no me puede limitar un derecho constitucional”, añadió.
Asimismo, destacó que el anteproyecto prevé sanciones y suspensión en la matrícula del abogado que tenga números “X” de recusaciones rechazadas en todos los expedientes que tramite durante el año. “Es inconstitucional, porque es limitar el ejercicio de ese derecho consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional”, reiteró.
Además, dijo que el “olvidarse groseramente” de los magistrados que no fallan en el tiempo previsto por las normativas “evidencia un claro corporativismo”, porque pareciera ser que solo los abogados son únicos culpables de las dilaciones. “No revisa la conducta de los magistrados ni establece ningún tipo de multas al magistrado que no dicta sus fallos en plazo”, añadió.
Por otra parte, Galeano fue convocado para participar hoy de la sesión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para presentar la postura de la Cámara de Abogados sobre el proyecto de ley fue presentado por la diputada Rocío Vallejo (Partido Patria Querida).
Dicho proyecto, también conocido como "antichicana", pretende frenar las masivas recusaciones que se presentan contra fiscales que tienen casos emblemáticos de corrupción contra las arcas públicas.
Sobre este proyecto, el titular de la CAP indicó que aún no han recibido el documento oficial, por lo cual recién en la jornada de este miércoles podrá interiorizarse y solicitarán, de ser posible, más tiempo para poder realizar un análisis técnico.
La iniciativa legislativa de Patria Querida plantea que el agente fiscal recusado siga entendiendo en la causa y que sea la Fiscalía General del Estado y no la Corte Suprema de Justicia la que resuelva si aparta o no a un magistrado.
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