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“Vamos a consultar con los abogados y el consejo directivo”, dijo en contacto con ABC Cardinal el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Laurentino Barrios. Se refirió a la Ley 5.633, que establece un tope a los aranceles de institutos superiores y universidades estatales.
La ley establece, por ejemplo, que el curso de ingreso a la universidad pública no podrá superar los G. 700.000. Ahí el primer problema es Medicina, donde este año se debe abonar por el curso G. 3.300.000, además de otros gastos como exámenes parciales que costarán G. 300.000 cada uno. Barrios dijo inicialmente que la ley no es retroactiva y que las inscripciones comenzaron antes de que se promulgue la ley, por lo cual ellos creen que no se puede aplicar a la casa de estudios.
Su principal argumento contra la ley de tope a aranceles es que el presupuesto que el Estado asigna a la FCM es insuficiente y que la contrapartida para completar los gastos es justamente lo que abonan los alumnos en el curso preparatorio. Dijo que, en todo caso, el Estado debe pagar la totalidad del costo que los estudiantes solían absorber y en ese caso le tocará hacer lobby para pedir dinero a las autoridades.