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Con la orden de allanamiento del juez Penal de General Díaz, Shiler Coronel, y el acompañamiento del juez de Paz de Humaitá, Hugo Ramón Monges, la comitiva fiscal allanó también propiedades de la familia del Intendente y la comuna local.
En el local de la Municipalidad, luego de una detallada verificación de las distintas dependencias, los intervinientes retiraron originales y copias de planillas utilizadas para la distribución de chapas, frazadas y víveres enviados por la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), tras el temporal que azotó el distrito el año pasado.
En el domicilio del jefe comunal se constató el almacenamiento de 151 unidades de chapas, que fueron requisadas.
Según Juan Bordoli (hermano del ejecutivo municipal), quien recibió a los intervinientes, las mismas fueron recientemente adquiridas de un comercio de Pilar y serán presentados los documentos que acreditan la compra.
La fiscal Ana Luz Franco explicó que el Intendente de Humaitá se encuentra imputado en dos casos. El anterior, por apropiación de la ambulancia perteneciente al centro asistencial de esta ciudad. Y el que motivó estas intervenciones, que esta caratulado “Apropiación y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso”.
Refirió que se sospecha que las planillas de distribución de los elementos enviados por la SEN tras el temporal del 2017, hayan sido llenadas con firmas o datos falsos y que el Jefe comunal se habría apropiado de chapas, víveres o algún elemento enviado por la SEN para los damnificados de Humaitá. La representante del Ministerio Público aclaró que su unidad se hizo cargo del caso desde la fecha, tras la recusación de la fiscal Claudia Alonso.
Recordó que la imputación había sido presentada la semana pasada por su colega ante el Juez Penal de General Díaz. Franco resaltó que tras estos allanamientos, analizará las próximas medidas, prosiguiendo con la investigación que encara el Ministerio Público.
Germán Godoy, presidente de la Junta Municipal de Humaitá(ANR), señaló que la comunidad humaiteña acompañó los allanamientos realizados por la fiscal Ana Luz Franco. Dijo que al inicio de este año, la Junta ha presentado la denuncia a partir de un informe de la SEN, que no coincidía con los datos proveídos por el intendente Bordoli.
Afirmó que como contralores salieron a corroborar con los vecinos afectados por el fenómeno climático. “Según la SEN, las familias afectadas firmaban por 12 o 10 chapas entregadas y sin embargo en la planilla de la municipalidad figuraban apenas 5 o 6 chapas. Toda la ayuda enviada por la SEN fue mal distribuida”, expresó.
El titular del cuerpo legislativo señaló además que vienen solicitando rendición de cuentas desde hace 3 años, y el jefe comunal sigue ignorando el pedido de la Junta. “Si hace el informe, lo hace de manera general, sin los documentos respaldatorios como tiene que ser”.
Indicó tienen información que en 3 años, la municipalidad ya recibió más de 15 mil millones, en concepto de Royaltíes y Fonacide, pero esa cantidad de plata no se refleja en obras, añadió. Lamentó que la Contraloría General de la República jamás se hizo presente para auditar la administración de Bordolí, a pesar de la reiterada solicitud de la Junta municipal de Humaitá.
El intendente de este distrito, Víctor Casimiro Bordoli, también fue imputado semanas atrás por “apropiación”. La determinación fue adoptada por la fiscala de Pilar, Claudia Alonso, en el marco de una investigación de la muerte de un recién nacido en agosto. La criatura requería de un traslado urgente al hospital de Pilar, que se demoró al no estar la ambulancia en el puesto de salud.
El vehículo había sido retirado por orden del intendente Bordoli, que también es presidente del Consejo Local de Salud, y depositado en el predio de la Comuna.