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Cerca de las 17:00 de este lunes, una comitiva encabezada por los fiscales Aldo Cantero y Luis Piñánez llegó hasta una lujosa casa quinta ubicada sobre la calle Río Paraná casi Avenida del Lago en San Bernardino. La residencia de dos pisos cuenta con varios dormitorios, sala de estar, cuarto de juegos, quincho, pileta y un amplio estacionamiento.
La descripción de esta propiedad no varía mucho con lo que habitualmente caracteriza a las casas de la villa veraniega. Lo llamativo del caso es que la misma figura a nombre de Ada Liz Da Rosa Franco, una mujer desempleada y casada con el suboficial mayor de Policía Roberto Osorio Romero, quien tiene un sueldo que no supera los G. 8 millones mensuales.
Osorio Romero y su esposa son dos de los seis imputados en el marco de la investigación de un millonario desvío de dinero que debía ser destinado para la compra de combustible para móviles de la Policía Nacional. De acuerdo a la investigación fiscal, el suboficial habría sido uno de los encargados de solicitar de manera irregular unas 186 tarjetas magnéticas que debían tener como destino final vehículos al servicio de Fuerzas Especiales como Antisecuestros, Antinarcóticos o Inteligencia.
Una investigación realizada por ABC Color reveló que Osorio y su esposa llevaban una vida que para nada condecía con los ingresos de un suboficial y su esposa desempleada. Además de esta lujosa casa de descanso en San Bernardino, ambos son dueños de una coqueta residencia en Fernando de la Mora y un parque automotor que incluye varios autos de lujo, entre ellos una camioneta Audi Q7 2014 que pagaron en efectivo.
Los intervinientes fueron en busca de evidencias para seguir con las investigaciones. Sin embargo, en el lugar no encontraron documento alguno aunque sí pudieron constatar el nivel de vida que llevaba la pareja. En el lugar se encontraba un hombre identificado como José Santa Cruz, quien dijo ser el cuidador del domicilio.
Aldo Cantero, uno de los fiscales de la causa, relató que se llegó al lugar a raíz de una serie de informes a las que tuvieron acceso y tras las publicaciones realizadas por medios de prensa. “Teníamos suficientes elementos de sospecha que acá se estarían guardando documentos relacionados a la causa”, afirmó representante del Ministerio Público para luego reconocer que si bien no se encontraron documentos, se pudo constatar las instalaciones en el marco de la investigación de enriquecimiento ilícito que pesa sobre la pareja.
De hecho, Osorio fue imputado por los fiscales por la comisión de los supuestos hechos de de estafa, producción de documentos no auténticos y enriquecimiento ilícito. Su esposa fue imputada por supuesto enriquecimiento ilícito en el carácter de cómplice.
Cantero manifestó que el hallazgo de la Casa en San Bernardino con comodidades que muchas otras de la zona no poseen refuerza la teoría que están manejando en el caso. Según manifestó el responsable del lugar a los intervinientes, la familia estuvo allí por última vez a finales del mes de abril.
El representante del Ministerio Público relató que habían además camionetas y autos e incluso autos menores (boogies) que fueron retirados.
Relató además Cantero que ya se solicitó el embargo de la vivienda y que la comunicación de los registros pertinentes quedaría a cargo del Dr. Gustavo Amarilla.
Ratificó además que se está investigando a todo el departamento encargado de administrar el convenio entre la Policía y PETROPAR y que no descartan más conexiones. “Podría haber responsabilidad hacia arriba y hacia abajo. No descartamos ningún tipo de responsabilidad de involucrar a gente del otro lado (de la petrolera estatal)”, aseveró.