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La fiscala Teresa Sosa encabezó la intervención del sitio, del cual se llevaron documentos y libros contables para investigar la denuncia de varios asociados, por supuesta lesión de confianza, informó Marcia Ferreira, periodista de ABC Color.
Explicó que varios funcionarios del Ministerio Público recibieron llamadas de casas comerciales por deudas impagas de artículos retirados a través de la Aso; sin embargo, las cuotas habían sido descontadas directamente.
La Asociación emitió recibos comunes a los ahora afectados para garantizar el pago de dichas cuotas (de al menos tres meses), pero la sospecha indica que no se habría cumplido con las obligaciones.