Alegre niega faltantes e insta a presentar documentos

El senador liberal Efraín Alegre descartó despilfarros o faltantes durante su gestión en la cartera de Obras Públicas y Comunicaciones. Insta al actual ministro Cecilio Pérez Bordón a presentar documentos.

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"Es un disparate. ¿De qué faltante está hablando? ¿Dónde lo que falta plata? Esta gente hace declaraciones generales. Si buscás lo que nos objetan no vas a encontrar. No pueden faltar recursos porque son recursos presupuestarios", dijo el legislador en conversación con la radio 650 AM.

Se refirió también a la supuesta contratación de operadores políticos, indicando que en el 2008 -asunción del gobierno de Fernando Lugo- en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones había unos 3.400 funcionarios; en tanto que durante su gestión, la cifra se incrementó a 3.600. "Esos doscientos, inclusive 150, están contratados por dos meses. Son para la microempresa (…) Decir que llenamos de operadores es una tremenda mentira", acotó.

"Que pagué con recursos del Ministerio publicidad electoral, campaña, cosas así, y hablan de G. 700 millones y otros de G. 350 (millones) por otro lado. Que presenten documentos", señaló el ex ministro de Obras.

En otro momento, explicó que tras su destitución y la de Rafael Filizzola, del Ministerio del Interior, se dispuso una auditoría en las dos carteras y que, por tanto, las versiones actuales "se veían venir".

Por otra parte, comentó que hay personas que están colocando calcomanías del rostro de Fernando Lugo en carteles del MOPC en construcciones. "Se van con unas calcomanías donde están los carteles del Ministerio de Obras donde se pone la empresa, el gobierno, el dinero, y salen a todo el país con una calcomanía con la foto de Lugo donde dice que las obras se hicieron en la gestión de Efraín Alegre. Sí hay gente que está dedicada a este tipo de estupideces", acotó.

El actual ministro de Obras Públicas Cecilio Pérez Bordón denunció que durante la administración de Alegre supuestamente se dilapidaron cerca de US$ 20 millones en sueldos de operadores políticos y en proselitismo partidario, por lo que tienen en marcha una auditoría.
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