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Durante el extenso debate que se extendió por más de tres horas, varios legisladores sentaron postura a favor y en contra. Por ejemplo, el senador José Manuel Bóbeda (Unace) adelantó su voto en contra de la propuesta, pese a que reconoció que en la proyecto no se trata el matrimonio igualitario. Aseveró que “este proyecto está determinado al desastre”.
Misma postura sentó la senadora Mirta Gusinky (ANR), quien dijo que es necesaria la reglamentación del artículo 46 de la Constitución Nacional que trata sobre la no discriminación en el país, pero manifestó que son muy amplios los criterios calificados como discriminación, y citó, entre ellos, la orientación sexual.
Uno de los defensores de la normativa fue Carlos Fillizzola (FG), quien lamentó que Paraguay sea uno de los pocos países de la región que carezca de ley contra la discriminación. Negó que se trate de una legislación para avalar el aborto, el matrimonio igualitario o una ley “mordaza”. Apuntó que la única finalidad del texto es que todos seamos iguales ante la ley y evitar la discriminación contra personas con discapacidad, indígenas, homosexuales, entre otros.
El senador Eduardo Petta (PEN) respondió a esta visión de Fillizzola, resaltando los artículos del proyecto con los cuales se puede dar paso al matrimonio igualitario y el aborto. Recordó uno de ellos, el cual establece la prohibición de impedir que las personas sean partícipes de su tratamiento médico, que según explicó, es la “antesala” para una ley de aborto.
Añadió además que las escuelas y colegios, tanto públicos como privados, que sean de tinte religioso, pueden sufrir las consecuencias de la normativa en el momento de hablar de que la estructura familiar la componen el papá y la mamá. Advirtió que incluso se puede considerar discriminatorias las enseñanzas en las instituciones religiosas.
En otro momento, manifestó que el texto da superpoderes a la Dirección General de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Justicia, para entrevistar y proceder contra los que son denunciados por discriminación, quitando facultades de la Fiscalía.
En tanto, Adolfo Ferreiro (AP) criticó que se tomen decisiones en base a presuntas consecuencias, “que están en el imaginario”. Ejemplificó que durante el debate sobre la Ley del Divorcio se dijo que sería el fin de la familia paraguaya, lo que nunca ocurrió tras su aprobación, resaltó.
A su vez, Luis Alberto Castiglioni (ANR) cuestionó que la normativa imponga a los demás una manera de pensar, por lo cual propuso el rechazo del proyecto. Los argumentos de los legisladores del Frente Guasu, bancada impulsora de la normativa, no cambió la decisión del voto de la mayoría.
Artículo 6º del proyecto, de la Definición de discriminación, señala: “A los fines de la presente Ley, “discriminación” es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se establezca por motivos de raza, color, linaje, origen nacional, origen étnico, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, incluida la afiliación a un partido o movimiento político, origen social, posición económica, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, nacimiento, filiación, estado de salud, discapacidad, aspecto físico o cualquier otra condición social, que tenga por propósito o resultado menoscabar, impedir o anular el reconocimiento, disfrute o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos, libertades y garantías reconocidos a todas las personas enla Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados porla Repúblicadel Paraguay o en la legislación nacional, así como en cualquier otra esfera de la vida pública”.