Hugo Relva, asesor jurídico de Amnistía Internacional (AI), visitó Paraguay esta semana y mantuvo reuniones con miembros del Parlamento, de la comunidad universitaria y del Poder Judicial para concienciar sobre la importancia de que el país adopte una ley interna que implemente los principios del Estatuto de Roma.
“Si el Estado no adapta el tratado a su legislación interna, queda en el aire, es solamente teórico. Necesitamos una ley para que el Estado pueda ejercer la competencia penal sobre estos crímenes y poner fin a la impunidad”, declaró Relva en una entrevista con Efe.
El instrumento legal permitirá juzgar en Paraguay casos de torturas, desaparición forzada de personas, esclavitud y otras formas de violaciones graves a los derechos humanos, cometidos a partir de 2002, cuando entró en vigor el Estatuto de Roma.
También hará posible someter estos casos a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, en caso de que un Gobierno no esté dispuesto a juzgarlos o de que el sistema de justicia del país donde se registraron quede inoperante.
El proyecto de ley para implantar el Estatuto de Roma fue presentado por la Cancillería en la Cámara de Senadores de Paraguay en 2013, y se encuentra a la espera de recibir un dictamen favorable de una de las comisiones de la Cámara Alta, antes de ser discutido en la plenaria del Senado y luego en la Cámara de Diputados.
Sin embargo, Relva afirmó que no basta solo con aprobar la ley, sino que es fundamental que se permita su aplicación sin trabas y que exista “voluntad política” para investigar los crímenes de lesa humanidad.
“Hace casi un siglo, lo que un Estado hiciera con sus ciudadanos era un asunto interno, en el que no podían intervenir otros Estados ni instancias internacionales. Hoy tenemos organismos e instrumentos para intervenir, pero la regla general es la impunidad y las condenas son una excepción”, declaró.
Por ello, pidió la implicación de los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil para impulsar la voluntad política de investigar, esclarecer y juzgar los crímenes de lesa humanidad.
Paraguay es un Estado parte de la Convención del Estatuto de Roma suscrita en 1998 y ratificó este convenio en el año 2001, para que entrase en vigencia en el país a partir de 2002, cuando se constituyó una comisión para crear una ley que implemente este tratado en el país.
En julio de 2014, el presidente de la CPI, Sang Hyun Song, visitó Paraguay y recordó que para la plena aplicación del Estatuto de Roma todos los países signatarios deben adecuar sus leyes.