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El juez penal de garantías de Curuguaty, Carlos Martínez, quien tiene a su cargo la investigación del asesinato del periodista Pablo Medina y Antonia Almada, no contaba con personal de seguridad en su vivienda, por lo que temía por su vida. Recién esta mañana, luego de publicarse la situación de desprotección que soportaba, la Policía se acercó a él para ofrecerle guardia permanente.
El magistrado aclaró que ya contaba con un policía asignado que lo acompañaba a todas partes, pero el mismo finalmente lo abandonaba luego de unas horas, ya que no había relevo alguno. El temor principal radicaba justamente en horas de la noche, cuando Martínez estaba completamente expuesto.
Sobre la guardia permanente ofrecida en la fecha, comentó que el jefe de Orden y Seguridad se presentó en su domicilio alrededor de las 07:00 de este lunes. “Me ofrecieron el resguardo de mi familia y el mío y se pusieron a disposición en todo momento”, comentó en contacto con la 780 AM.
El juez confirmó que ya aceptó la custodia, debido a que se siente expuesto a la inseguridad y más aún al manejar un caso delicado vinculado al narcotráfico y la narcopolítica. “Más, luego de lo que ocurrió (el asesinato de Pablo Medina) por supuesto que uno teme por su vida”, sostuvo.
Adelantó que continuará con la investigación del caso, pese al temor, ya que “estoy acostumbrado a este tipo de situaciones y por eso he aceptado el cargo de magistrado”. Reconoció que se siente expuesto a un eventual amedrentamiento, pero incluso así no se apartará, según garantizó.
El magistrado recordó que hace apenas unas semanas, el pasado 25 de octubre, desconocidos ingresaron a su vivienda en Curuguaty en un aparente intento de amedrentamiento. Comentó que esa fue no la primera vez que entraban a su domicilio y aun así la Policía no dispuso con anterioridad guardia en la zona.
El magistrado investiga a los responsables del asesinato del corresponsal de ABC Color Pablo Medina y Antonia Almada, quienes fueron emboscados en Villa Ygatimí el pasado 16 de octubre. Los investigadores apuntan al entonces intendente de Ypejhú, Vilmar Neneco Acosta, como el que ordenó la muerte, molesto por las denuncias sobre narcotráfico. Justamente el político manejaba el negocio de la marihuana desde la propia municipalidad, según datos de la Policía y la Fiscalía.