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Representantes de la Cámara Paraguaya del Agua emitieron un comunicado en el que solicitan una oportunidad para poder invertir en mejorar y ampliar el servicio de agua potable del país, pero sostienen que el propio Estado les viene trabando esta posibilidad desde hace tiempo.
De acuerdo a datos proporcionados por el sector, en Paraguay existen casi 2 millones de personas que no acceden al agua corriente. Ahí no culminan las carencias. Además, hay algo más de 5 millones de personas que no cuentan con el servicio de alcantarillado sanitario, según dicen desde la Cámara Paraguaya del Agua.
Irónicamente, somos uno de los países con mayor cantidad de agua dulce por persona.
En estos hechos, dicen los aguateros privados, se evidencia la falta de inversión de la aguatera estatal, es decir, la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap). No obstante, el gremio entiende que la falta de mejora del servicio se debe a falta de recursos, pero para eso, piden que el Estado ya no “desaliente la inversión de los empresarios privados”, que, según dicen, tienen la intención de aportar el capital necesario para ampliar la cobertura y mejorar el servicio en el país.
Las aguateras privadas sostienen que el Estado les pone trabas legales, a través de la promulgación de la Ley 1.614, del año 2000, que, según dicen “prevé la confiscación gratuita de todos los bienes muebles e inmuebles de las aguaterías y además no permite que los mismos se utilicen para garantizar los créditos que necesita el sector para mejorar y ampliar el servicio de agua potable y alcantarillado”. Estas trabas legales que mencionan, a entender de los aguateros privados, han paralizado por completo sus intentos de invertir.
Por otro lado, los empresarios privados reclamaron que las autoridades actuales de la Essap les hablan de contratos de prestación vencidos entre el Estado y las aguateras privadas. Sin embargo, ellos aseveran que ninguna aguatería firmó contrato alguno con el Estado paraguayo.
Los aguateros organizados finalizan su comunicado haciendo una serie de pedidos al gobierno, entre los que se destacan:
- La modificación de algunos artículos de la ley 1.614/2000 que prevé la restitución de sus bienes al Estado. Afirma que “no puede restituirse al Estado algo que nunca fue de el”, y señalan que esta figura no es otra cosa que una abierta “confiscación”. Solicitan, por lo tanto, que el término sea reemplazado por la figura constitucional de la “expropiación”, la que debería hacerse, pero solo en los casos puntuales de las aguateras que tienen incumplimientos legales.
- Piden como segundo punto que se direccione hacia los aguateros los recursos que obtiene el Estado de parte de organismos multilarerales o de la colocación de bonos. De esta forma, podrán contar con recursos a tasas menores que las vigentes en el mercado local, para que puedan modernizar el suministro de agua.
- Por último, pidieron a las autoridades de turno participar activamente del debate entre el gobierno y los organismos multilaterales de crédito, de manera a construir políticas y programas que apunten a la mejorar la provisión de agua para la población.