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Rojas y De Vargas conversaron con radio ABC Cardinal sobre la imputación que recibieron por lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y contrabando.
En ese contexto, Luis Rojas consideró que detrás de la imputación, hecha por el fiscal Martín Cabrera, existen un trasfondo, que puede ser de tinte político, narcotráfico o narcopolítico.
“Esto tiene una motivación política, con la investigación van a ir surgiendo los datos. El narcotráfico castiga, o con balas o con daños a la imagen, hay políticos detrás”, expresó Rojas. Recordó que tiempo atrás habían dicho que los equipos de escucha adquiridos por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) no funcionaban, sin embargo ello nunca existió.
En lo que respecta a la acusación, sostuvo que todo está en orden y que se llegará a la verdad. “El Estado no perdió ningún centavo”, recalcó el exsecretario de Gobierno. Lamentó que el fiscal, antes de imputarlo, no haya conversado con él.
Posteriormente, por la misma emisora, Francisco De Vargas, quien tras ser ministro de la Senad fue titular del Ministerio del Interior, fue tajante al afirmar que la imputación responde a una persecución política. Argumentó que él tiene intenciones de postularse al cargo de Fiscal General del Estado, sin embargo por el simple hecho de tener antecedente de imputación en su contra ya queda al margen de los concursos.
En tanto, el exministro del Interior señaló que la imputación es en base a hechos que han tomado conocimiento público “desde hace tiempo”, por lo que no le sorprende en absoluto.
“No hay un solo motivo para la imputación, es por causas políticas”, recalcó De Vargas.
En otro momento reveló que se siente “bastante frustrado”, por la forma en la que fue destituido, “tras años de servicio y haber participado en los operativos antidrogas más grandes... Me hubiera gustado enterarme de mi destitución de otra manera que no haya sido por radio”, lamentó al tiempo de agregar que lo que logró en relación con el combate a grupos armados en el Norte “no lo hizo ninguna otra administración”.
Aclaró que prefiere no concentrarse en acusaciones, pues en este momento necesita reunir fuerzas para afrontar sus nuevos desafíos.
Además de De Vargas y Rojas fueron imputados: Nicasio Bóbeda, Alfredo Bóbeda Mongelós, Silvia Jara Acha, Antonio Salvador Pereira Fretes, Silvio Alcides Amarilla Torales, Alberto Daniel Ferreira Martí, Adalberto Javier Benítez, Hugo Danilo González y Jessica Paola Reyes Aguilera.
La empresa proveedora del instrumento se inscribió como proveedora del Estado en julio de 2012, apenas tres semanas después de que De Vargas fuera nombrado como ministro del Interior. Con un capital de apenas G. 60 millones, Televox SA ofreció un equipo de casi G. 10.000 millones, sin experiencia previa en el rubro, además de no contar con movimientos tributarios desde su creación, en 2008, hasta el momento en que trascendió lo referente a los equipos de espionaje telefónico.
Entre los meses de noviembre y diciembre de 2012 se hizo efectiva la transacción a favor de la Senad. Cabe recordar que esta compra no era del agrado de los asesores del entonces presidente Federico Franco; sin embargo, De Vargas apeló a una resolución interna para llevar adelante la compra por medio de la Unidad Operativa de Contrataciones.
En setiembre de este año, la Fiscalía constató por medio de informes del propio Poder Ejecutivo que la compra no fue autorizada. A esta irregularidad se suma el hecho de que los equipos eran obsoletos y su valor resultó ínfimo en comparación a lo desembolsado.
Luis Rojas, quien sucedió en el cargo a De Vargas en la Senad ya con el nuevo gobierno, promovió una nueva compra de equipos de escucha telefónica, también por la vía de la excepción. Una vez más, la firma beneficiada por el órgano estatal fue Televox SA, que se alzó con unos G. 1.200 millones.
Tras una constitución del Ministerio Público en setiembre de 2016, el segundo equipo no fue hallado, salvo el más antiguo adquirido bajo la administración de De Vargas, sin que pudiera comprobarse su funcionamiento.