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Alegre encabezó el martes una delegación de legisladores que visitó la zona de conflicto, las localidades de Ñacunday y Santa Rosa, departamento del Alto Paraná, fronteriza con Brasil.
Allí están asentados miles de colonos brasileños y sus descendientes, conocidos como "brasiguayos", a quienes un nuevo grupo de "sin tierras" autodenominados "carperos" quieren despojar de sus tierras, alegando que tienen títulos ilegales.
"Hay peligro inminente de una confrontación violenta, y será responsabilidad del presidente de la república y del ministro del Interior lo que acontezca", dijo Alegre, quien preside la comisión legislativa que actúa durante el receso del Congreso.
Dijo que los colonos cuestionados están asentados hace más de tres décadas en esas tierras, y cuestionó además que el gobierno apele a militares para realizar trabajos de amojonamiento y georreferenciamiento en el área.
"No son las fuerzas armadas las que deben realizar este trabajo, nos parece un despropósito involucrar a los militares en estas mediciones que se han realizado", agregó.
Los productores cuestionan sobre todo a dos altos hombres públicos, allegados a Lugo, de apoyar a los "carperos", y son el gobernador del departamento de San Pedro, José Ledezma, y el senador Sixto Pereira.
Por este motivo, en una reunión en la zona de conflicto entre los legisladores y los productores, estos pidieron juicio político para el presidente Fernando Lugo.
Al respecto, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso expresó hoy que no considera viable el juicio político, sino que se debe buscar los medios legales para solucionar la situación de conflicto.
En el día de hoy, la Asociación de Intendentes del departamento Alto Paraná presentó una denuncia ante la fiscalía contra el presidente Lugo, el ministro del Interior, Carlos Filizzola, y otros funcionarios.
Alega la denuncia que la actuación de los militares en el amojonamiento de los terrenos "sobrepasa órdenes judiciales, viola el derecho a la propiedad privada y quiebra el principio de independencia del Poder Judicial".
El embajador del Brasil, Eduardo dos Santos, expresó el miércoles la preocupación de su gobierno por la situación que afecta a sus compatriotas y descendientes.
Por su parte, el presidente Lugo tomó hoy en sorna los pedidos de juicio político, al decir en guaraní que "chemo pirimbá", o que tiembla de miedo ante dicha amenaza.
Allí están asentados miles de colonos brasileños y sus descendientes, conocidos como "brasiguayos", a quienes un nuevo grupo de "sin tierras" autodenominados "carperos" quieren despojar de sus tierras, alegando que tienen títulos ilegales.
"Hay peligro inminente de una confrontación violenta, y será responsabilidad del presidente de la república y del ministro del Interior lo que acontezca", dijo Alegre, quien preside la comisión legislativa que actúa durante el receso del Congreso.
Dijo que los colonos cuestionados están asentados hace más de tres décadas en esas tierras, y cuestionó además que el gobierno apele a militares para realizar trabajos de amojonamiento y georreferenciamiento en el área.
"No son las fuerzas armadas las que deben realizar este trabajo, nos parece un despropósito involucrar a los militares en estas mediciones que se han realizado", agregó.
Los productores cuestionan sobre todo a dos altos hombres públicos, allegados a Lugo, de apoyar a los "carperos", y son el gobernador del departamento de San Pedro, José Ledezma, y el senador Sixto Pereira.
Por este motivo, en una reunión en la zona de conflicto entre los legisladores y los productores, estos pidieron juicio político para el presidente Fernando Lugo.
Al respecto, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso expresó hoy que no considera viable el juicio político, sino que se debe buscar los medios legales para solucionar la situación de conflicto.
En el día de hoy, la Asociación de Intendentes del departamento Alto Paraná presentó una denuncia ante la fiscalía contra el presidente Lugo, el ministro del Interior, Carlos Filizzola, y otros funcionarios.
Alega la denuncia que la actuación de los militares en el amojonamiento de los terrenos "sobrepasa órdenes judiciales, viola el derecho a la propiedad privada y quiebra el principio de independencia del Poder Judicial".
El embajador del Brasil, Eduardo dos Santos, expresó el miércoles la preocupación de su gobierno por la situación que afecta a sus compatriotas y descendientes.
Por su parte, el presidente Lugo tomó hoy en sorna los pedidos de juicio político, al decir en guaraní que "chemo pirimbá", o que tiembla de miedo ante dicha amenaza.