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A través de la Ley N° 3728/09 se estableció el derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de pobreza, una “política de Estado” consistente en una asistencia monetaria mensual equivalente al 25% del salario mínimo vigente.
Para su aplicación, fue designada como responsable la Dirección de Pensiones No Contributivas (DPNC). Actualmente hay alrededor de 153.000 beneficiarios a través de este sistema, y hay otros 40.000 que no están recibiendo el beneficio, según los datos oficiales.
Consultado por ABC Cardinal sobre si esa asistencia experimentará alguna variación, teniendo en cuenta el ajuste del salario mínimo realizado por el Poder Ejecutivo, que ahora es anual, el funcionario manifestó que no, porque el presupuesto es anual y no contempla ningún reajuste.
Al señalársele que, entonces, no se va a dar cumplimiento a la ley que establece que el monto sea el 25% del salario mínimo vigente, respondió: “Lamentablemente nuestro presupuesto no tiene un ajuste automático, y es el presupuesto que el Congreso aprueba año tras año. Con este escenario, y sin una ampliación, esto lo estaríamos llevando hasta fin de año, y en enero se haría el reajuste, que es el monto que regiría para el año 2018”·.
El Poder Ejecutivo anunció que desde fines de julio debe aplicarse un ajuste del salario mínimo del 3,9%, conforme a la normativa modificada del Código del Trabajo, que ahora establece ajustes anuales. Esto implica que el ingreso mínimo tendrá un incremento de G. 76.616, pasando de G. 1.964.507 a G. 2.041.123.
Con el mínimo vital actual, los adultos mayores perciben mensualmente G. 491.126, pero si se aplicara la Ley 3728/09, el monto debería aumentar a G. 510.280. No podrá ser, sino hasta enero de 2018.