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Roberto Osorio fue acusado por la comisión del hecho punible de enriquecimiento ilícito, en calidad de autor, mientras que su esposa fue acusada de enriquecimiento ilícito en calidad de cómplice y lavado de dinero en calidad de autora, informó Perla Silguero, periodista de ABC Color.
Hábilmente, Osorio no asumió la titularidad de muchos de los gastos o bienes del matrimonio - expresa el documento - sino que fue su esposa, quien contribuye para la consumación del ilícito adquiriendo a su nombre los bienes obtenidos ilegítimamente.
Tras investigar todos los bienes del matrimonio, los fiscales del caso, Igor Cáceres Gallardo y Luis Piñanez García, concluyeron que ambos no poder justificar la suma de GS 776.275.180 que forma parte de su patrimonio. La cifra fue obtenida de los ingresos y egresos entre marzo de 2006 a marzo de 2015.
La acusación concluye que Ada Liz Da Rosa Franco no ha tenido trabajo estable en el sector privado, ni existen registros suyos en la función pública, pero a pesar de ello, ha procedido a adquirir múltiples bienes de gran valor patrimonial, con el propósito de ocultar el enriquecimiento Ilícito cometido por su marido el suboficial Osorio, expresa la acusación.
Durante ese tiempo, la pareja adquirió costosos vehículos como una camioneta Mitsubishi modelo Triton, año 2011, valuada en USD 36.800; una camioneta marca Kia modelo Sportage 2012, por USD 36.975, un Audi Q7 del año 2014, cuyo precio es USD 120.000; y una camioneta Toyota Hilux año 2014, por la suma de USD 49.140.
Solo en vehículos la señora Ada Liz Da Rosa Franco ha gastado más de mil millones de guaraníes, sin contar la adquisición de otros automotores, así como también los gastos relacionados a los
cuantiosos seguros pagados a los vehículos. Cabe resaltar que la investigación reveló que ambos llevaban una vida bastante holgada, existiendo grandes gastos en viajes, hoteles, telefonías, seguro médico, servicios básicos, entre otros.
Debido a que las mayores adquisiciones y pagos de servicios fueron hechos por la mujer los fiscales concluyen que los gastos fueron ejecutados a nombre de la acusada, con el propósito no solo de contribuir con el enriquecimiento del policía, sino también con el fin de ocultar los bienes y servicios adquiridos y usufructuados que no se ajustan a los ingresos de un personal policial de su rango.
Además de esta causa, Osorio está procesado por encabezar el esquema para desviar G. 1.159.242.441 a través de 186 tarjetas al portador de la Policía para carga de combustibles entre el 26 de marzo y 30 de abril de 2015.