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El fiscal Justiniano Cardozo elevó la acusación contra el exintendente Catalino Brítez, el exsecretario general Luis Alberto Carbajal Barreto y Simeón Sanabria Ruiz por la supuesta comisión del Hecho punible de lesión de confianza y estafa.
Los miembros de la Contraloría Ciudadana habían denunciado Brítez debido a que sospechaban de varias sobrefacturaciones en la construcción de caminos y falta de trasparencia en la utilización de los recursos de Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Según la investigación fiscal, en diciembre de 2012 el exintendente Catalino Brítez y el exsecretario general Luis Alberto Carbajal Barreto dispusieron el pago simulado de G. 25.000.000 a la comisión de Apoyo de la Supervisión Pedagógica y Administrativa por la adquisición de pasto y la colocación en el predio de la Supervisión del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y la Gobernación de San Pedro.
En tanto que en marzo de 2013 autorizaron la contratación por vía de la excepción y adjudicaron a la firma "Construcciones San Vicente" para la construcción de un puente y la apertura del camino por el cual pagaron G. 76.000.000, y las obras no fueron efectuadas.
En junio de 2013, adjudicaron la contratación, vía contratación directa, para la reparación de pared y aplicación de pintura del salón auditorio y tinglado municipal de Yataity del Norte, y adjudicaron a la firma "RGO Real Import" de Romina Mercedes González Ortigoza, previa presentación fingida de otras dos empresas, Punto M S.A. y "Construcciones San Vicente". La intendencia erogó G 69.918.800 y las obras tampoco fueron ejecutadas.
En julio de 2013 autorizaron la contratación por vía de la excepción para la construcción de un puente y la apertura de dos kilómetros en calle 8 de Diciembre a la firma "RGO Real Import". Se pagó unos G. 102.900.000, y las obras no fueron realizadas.
En el mes de mayo ambos volvieron a autorizar la contratación por vía de la excepción para la apertura de camino que une la calle 8 de Diciembre con Ita Kuatia, y adjudicaron a la Firma "Construcciones San Vicente". Se erogó G. 90.800.000 por obras no ejecutadas.
También el Ministerio Público detectó que la Distribuidora Santa Rosa, propiedad de Leopoldo Speranza, fue adjudicada por la Municipalidad de Yataity del Norte para suministrar la merienda escolar a instituciones educativas por un precio total de G. 125.547.000. De acuerdo al contrato en principio recibió 11.454 unidades de leche entera por un valor de G. 62.997.000 como también 45.000 unidades de galletitas por G. 62.550.000. Sin embargo, entre setiembre y noviembre de 2013, el exintendente Catalino Britez y el exsecretario general Luis Alberto Carbajal dispusieron el pago de G. 127.850.000, es decir, G. 2.303.000 de más.
El exintendente Catalino Brítez con el exsecretario general Luis Alberto Carbajal, dispusieron el pago simulado a LAKMI S.A. de G. 82.314.000 como anticipo de desembolso correspondiente al contrato de "Adquisición del almuerzo escolar ad Referendum Plurianual". Sin embargo, la provisión no fue realizada a las instituciones educativas. El compromiso implicaba la entrega de 7.500 raciones de almuerzo a G. 17.000 cada una, que totaliza G. 127.500.000.
Debido a estos datos la Fiscalía solicitó la elevación a juicio oral y reasigna la causa a la agente fiscal Lilian Ruiz de la unidad fiscal 2 de la Zonal de San Estanislao, San Pedro.
Inicialmente la causa era llevada por la agente fiscal Sandra Ledezma, quien primeramente los imputó, pero en el requerimiento conclusivo había solicitado su sobreseimiento definitivo. Este requerimiento fue rectificado por el fiscal Justiniano Cardozo y solicitó la acusación.