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Maximiliano Mendieta, querellante en el caso de desvíos de millonarios fondos en el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), que involucran al extitular de la institución Rubén Quesnel y a tres personas más para quienes la Fiscalía solicitó penas ejemplares, señaló que se tiene la convicción, tras la presentación de pruebas durante el juicio oral, de que se cometieron los hechos punibles de lesión de confianza y apropiación, razón por la cual decidieron adherirse a la solicitud de pena del Ministerio Público.
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El fiscal René Fernández pidió ayer 11 años de prisión para Rubén Quesnel, extitular del Instituto Nacional del Indígena (Indi), más una multa de G. 2.000 millones. Es por la desaparición de G. 3.127 millones.
En tanto que para Marlene Mendoza, exadministradora del Indi, solicitó nueve años de prisión más G. 1.000 millones; con relación a Éver Otazo, funcionario del Indi, pidió 5 años de encierro y para Óscar Viera, expresidente de la Fundación Reforeast Par, 2 años de prisión.
Mendieta agregó que también solicitan la prohibición del ejercicio de sus profesiones ya que Marlene Mendoza y Éver Otazo siguen trabajando en la función pública, específicamente en en la Contraloría General de la República.
El fiscal Fernández, dijo, por su parte, que si bien no se determinó el destino final del dinero desviado, se comprobó suficientemente que los hoy acusados fueron los que se llevaron el dinero. “No pudimos ubicar el destino y la aplicación de los fondos, pero se comprobó que los acusados fueron los que llevaron el dinero”, dijo en diálogo con la periodista de ABC Color, Perla Silguero.
Hay que recordar que este caso estuvo caracterizado por chicanas judiciales, ya que presentó más de una decena de veces trámites dilatorios para que el juicio oral no se concrete.