Cargando...
Sin embargo, las supuestas víctimas del convicto extranjero se quejan de que éste y sus abogados inventaron una historia fantasiosa para involucrar a los investigadores y así distraer y evitar la resolución del otro juicio, que a su vez ya fue suspendido 13 veces.
El caso se inició en la madrugada del 11 de diciembre de 2010, durante una fiesta de colación en la capital del departamento de Guairá. En medio del evento, se desató una feroz pelea en la que el argentino Leonardo Gabriel Báez, en aquel entonces de 18 años, supuestamente apuñaló a los hermanos Roberto Fabián Echauri Fernández, ahora de 35 años, y Elías Virgilio Echauri Fernández, actualmente de 23 años. Estos son hijos de la jueza de Villarrica Lucila Fernández de Echauri.
A la mañana siguiente, el principal sospechoso del ataque, quien ya tenía otros antecedentes por hurto, fue capturado en un cateo realizado en la casa de sus familiares, siempre en Villarrica.
Inmediatamente, la fiscala Noelia Soto imputó al argentino por homicidio doloso, pero en grado de tentativa, mientras los hermanos Echauri luchaban por sus vidas en Asunción.
Roberto Echauri, por ejemplo, estuvo 45 días en terapia intensiva porque sufrió la perforación de su hígado, lo que derivó en otra serie de intervenciones quirúrgicas. Elías Virgilio, en tanto, sufrió también una severa lesión en su pulmón. Los gastos médicos por ambos alcanzaron los G. 1.300 millones, de los cuales hasta ahora ya pudieron pagar por lo menos G. 300 millones, contó hoy Roberto.
El recluso argentino, paralelamente a su procesamiento por tentativa de homicidio, denunció desde la prisión haber sido torturado y hasta violado por los policías que lo detuvieron, aunque supuestamente pudo reconocer a uno solo de los uniformados, el ahora oficial primero Arístides Ramón Galeano Matto, en aquel entonces subjefe de Investigación de Delitos de Guairá.
Inicialmente, la defensa del convicto argentino, encabezada por su tío Arsenio González Fleitas, denunció por tortura y por violación al policía Galeano. Pero como no se pudieron demostrar estos dos crímenes, la unidad especializada en hechos punibles contra los Derechos Humanos del Ministerio Público terminó caratulando la causa como lesión en el ejercicio de la función pública, según confirmó el fiscal Santiago González Bibolini, quien ingresó a dicha unidad recién en el año 2013.
González Bibolini, quien sin embargo formuló una acusación contra el policía y logró que la causa fuera elevada a juicio oral, indicó que como principales elementos de prueba tiene los testimonios de la víctima y de sus familiares, quienes presenciaron el arresto, y comentó que hay tres estudios psiquiátricos de por medio.
Con relación a la supuesta violación, el representante del Ministerio Público reconoció que cuenta con al menos tres diagnósticos médicos que datan de la época, pero cuyos resultados son indistintos, porque solo muestran escoriaciones.
Eso sí, aclaró que la violación contra el argentino fue demostrada con otro estudio, pero que se hizo cuatro años después del suceso, por lo que no se puede determinar si la lesión corresponde a la fecha en que menciona el recluso o si ya fue estando en la cárcel.
El equipo jurídico que defiende al argentino encarcelado desde hace más de cinco años lleva dos “batallas” paralelas. Por un lado, ya consiguieron posponer por 13 veces el juicio por tentativa de homicidio y el expediente ahora pasó a la ciudad de Paraguarí, con lo que el proceso tiende a dilatarse todavía más.
Con relación a esto, el abogado Arsenio González Fleitas había declarado varias veces a los medios de prensa que su sobrino seguía preso injustamente, pero la fiscala Noelia Soto le había contestado que transcurrieron más de cinco años sin que exista una condena solamente debido a las chicanas emprendidas por los defensores.
El abogado González, a su vez, trató de grosera, maleducada, loca e ignorante a la fiscala Soto, porque alegó que no fueron 13 suspensiones del juicio, sino solamente tres.
Entonces, mientras sigue estancado el primer proceso, en el que el argentino es el acusado, la Fiscalía de Derechos Humanos en cambio ya está llegando al final del otro juicio, en el que el mismo sujeto aparece como víctima de los policías.
Sin embargo, una de las últimas declarantes en este juicio, Fiorella Luján Martínez Acosta (20), quien fue testigo directo de la gresca en la que resultaron apuñalados los hermanos Echauri, relató ante el propio Tribunal que juzga al oficial de Policía que los abogados de Leonardo Gabriel Báez le pagaron G. 5 millones a ella y otros G. 5 millones a su amiga Leticia Belén Benítez Leiva (19), para que ambas cambiaran su versión y dijeran que el argentino no estuvo involucrado en la riña.
“Yo recibí cinco millones, pero el resto del dinero ya no acepté porque me discutí con ellos. Les dije que no iba a decir mentiras y que no iba a terminar el resto de mis días en la cárcel, porque todo está más claro que agua”, manifestó la joven a ABC Color, al tiempo de asegurar que ella vio cuando el argentino atacó a los hermanos Echauri.
Fiorella añadió que “lo que él (Leonardo Gabriel Báez) quiere es dinero, por eso le demandó al policía. Pero todo lo que dice es mentira. Dijo que estaba bailando conmigo, que era mi novio y que el policía le pegó porque celaba por mí. Todo eso es mentira. El policía no estuvo en esa fiesta”, añadió la joven.
El abogado Arsenio González Fleitas, en cambio, aseguró a ABC Color que Fiorella sí era la novia de su sobrino Leonardo Gabriel Báez y que el problema se desató “por un celo enfermizo y empedernido del policía contra mi sobrino, porque Leonardo frecuentaba y salía con Fiorella”. El letrado contó que la misma chica también era novia del policía.
González Fleitas negó que su sobrino fuera el autor del apuñalamiento a los hermanos Echauri y explicó que lo que pasó fue que “hubo una feroz pelea, un apagón y de ese apagón resultaron lastimosamente dos personas acuchilladas”.
Por último, acusó de mentirosa a la asistente fiscal Marta Nill, quien dejó constancia de que participó del allanamiento en el que resultó detenido el argentino, pero que según los familiares de este ningún funcionario del Ministerio Público acompañó aquella vez a los policías.
Roberto Fabián Echauri Fernández, uno de los apuñalados supuestamente por Leonardo Gabriel Báez, también declaró la semana pasada en el juicio contra el policía y después ratificó a nuestro diario que la demanda de su supuesto agresor contra el policía forma parte de unas “situaciones que hacen para desviar el tema de la tentativa de homicidio doloso, es una estrategia”.
“Él denunció golpes (de los policías), pero esa noche hubo una batalla campal. Es categórico que habrá salido golpeado”, manifestó.
Lo que la familia Echauri Fernández cree es que el argentino y sus abogados buscan una condena contra el policía que investigó el ataque a puñaladas, para utilizar ese argumento como un posible atenuante o hasta un eventual sobreseimiento en el juicio que ya debía haberse iniciado ya hace tiempo.
Sin embargo, el fiscal Santiago González Bibolini fue claro al señalar que son dos casos totalmente independientes y que si él llegó a un juicio oral contra el policía es porque recogió elementos de convicción.
“Este muchacho puede llegar a ser incluso condenado en la otra causa de tentativa de homicidio, si es que se demuestra que es culpable, pero eso no tiene nada que ver y no incide en el otro proceso que tengo a mi cargo. Yo no me prestaría a esas cosas”, concluyó el fiscal.