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En visita a estudios de ABC Cardinal, el gobernador de Canindeyú, Alfonso Noria, rechazó todas las acusaciones en su contra sobre supuestas sobrefacturaciones de millonarias inversiones en obras de infraestructura que quedaron a medias y otras irregularidades durante su gestión.
"(Las acusaciones) vienen de la Comisión de Investigación de la Bicameral. Me acusaron en doce puntos y ninguno de ellos son reales (...) Son injustas las acusaciones. No son serias porque se basaron en rumores de adversarios políticos", aseguró, para seguidamente agregar que "a los legisladores les es fácil acusar porque tienen fueros".
Sobre las obras públicas inconclusas durante su gestión y pese a que un equipo periodístico de ABC Color pudo corroborar que muchas están hechas a medias, el gobernador argumentó que "desde 2013 no dejamos ninguna obra inconclusa. No existe ninguna sobrefacturación", deslindando responsabilidades sobre este tipo de irregularidades.
Respecto a las propiedades que le atribuyen en el departamento, como ser un terreno de 18.000 hectáreas, sostuvo que en su declaración jurada figuran "apenas 160 hectáreas de tierras". Respecto a tierras a nombre de su hermana, de unas 20.000 hectáreas, puntualizó "mi hermana no tiene nada", dijo.
En referencia a las presunciones de que sería propietario de la empresa constructora "8 de diciembre", que se adjudicó millonarias obras y que aparece a nombre de un albañil de Puente Kyjhá llamado Genaro Andrés Fariña, negó esta acusación aunque admitió conocer a Fariña, y que las obras fueron adjudicadas debido a que en su momento ganó la licitación y que posteriormente dicha firma se fue a la quiebra.
Finalmente, Noria admitió que actualmente existe un distanciamiento circunstancial de la diputada Cristina Villalba. "Hoy día estamos un poco distanciados pero lastimosamente así es la política", señaló. No descartó que la legisladora esté detrás de las acusaciones que buscan comprometer su gestión al frente de la Gobernación de Canindeyú. Además dijo que actualmente existe una puja porque solamente existe un cupo para la Cámara de Diputados y para el mismo no pudieron llegar a un acuerdo.
Respecto a la recusación y posterior impugnación al fiscal Jorge Romero, quien había sido asignado a la investigación, pero que fue apartado por dichos mecanismos judiciales, el abogado Rubén Melgarejo Lanzoni, abogado del Gobernador, argumentó que el mismo fue recusado por "falta de objetividad", al encabezar un allanamiento en el que supuestamente "se excedieron".
El abogado agregó que la desestimación al informe de la Comisión de Investigación de la Bicameral fue presentada este martes ante el Ministerio Público.