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La reunión encabezada por la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, tuvo lugar en horas de la tarde en la sede central del Ministerio Público, donde los supuestos estafados estuvieron representados por la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI), encabezada por el dirigente campesino Alberto Areco. También estuvieron en el encuentro las autoridades del Crédito Agrícola de Habilitación (CAH), liderados por su titular, Amanda León.
El propósito de la reunión fue tratar de llegar a un acuerdo respecto a la causa de supuesta estafa de la que habrían sido objeto 577 labriegos por parte de funcionarios del CAH, a través de créditos otorgados por la entidad en localidades del departamento de Caaguazú.
Los representantes de las víctimas solicitaron que se impulse las investigaciones en las causas abiertas por supuestas estafas, donde aparentemente se utilizaban cédulas con las cuales eran retirados créditos del CAH, por terceras personas.
A G. 3300 millones asciende el dinero que se estima fue dado supuestamente en carácter de crédito, la deuda que pesa sobre un grupo de campesinos.
La fiscal general del Estado se comprometió por su parte a hablar con los funcionarios del Laboratorio Forense para priorizar la toma de las pericias caligráficas en relación a las víctimas.
Refieren los antecedentes que los casos datan del 2015 y afectan a unos 557 campesinos de varios distritos del departamento de Caaguazú, quienes fueron supuestamente estafados mediante préstamos otorgados por el CAH.
Los supuestos responsables serían exfuncionarios de la entidad, quienes tras detectarse los casos fueron separados de la institución e imputados por la Fiscalía.
A la salida, la titular del CAH, Amanda León, informó sobre los compromisos acordados en la reunión. Aclaró también que ninguno de los clientes afectados figura en Informconf y si alguno lo está es por otra causa.