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El pronunciamiento del GIAI menciona que la apertura de un proceso judicial para el cuestionado parlamentario colorado, fue producto de la difusión de datos públicos sobre la cantidad de funcionarios en cada una de las instituciones del Estado y respaldado, tanto por la prensa como por las tecnologías de la información y comunicación para el cruzamiento correspondiente.
Este ha sido solo uno de los numerosos casos de abuso del dinero público, que fueron destapados por medio de la primavera de la transparencia, cuya oleada llegó a transformarse en la ley 5282/14, para garantizar al ciudadano, el acceso libre a las informaciones provenientes de los organismos estatales.
No obstante, el grupo advierte que no es suficiente el acceso a informaciones públicas, si no hay un marco legal que castigue de manera ejemplar los actos de corrupción en los tres poderes del Estado.
“Tan sistémica es la corrupción en nuestro país que cuando un político confiesa ser un delincuente, el marco penal en vigencia permite que siga libre. Esto es casi como una invitación a delinquir, apropiándose de los recursos del erario”.
Si bien se reconoce el valor de las sanciones políticas, cuando estas no se dan, se alimenta una sensación de impunidad y esto convierte al Paraguay en un país inviable, al no haber democracia ni Estado de Derecho.
A partir de estos elementos, el GIAI cree fundamental impulsar una profunda reforma jurídica lo “uficientemente disuasiva para que los corruptos piensen dos veces antes de intentar robarnos”, puntualiza el comunicado del gremio integrado por el Centro de Estudios Judiciales, Fundación Libre, Instituto de Derecho y Economía Ambiental y Semillas para la Democracia.