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En sesión extraordinaria, los diputados acompañaron la postura del Senado de pagar a ambas empresas internacionales, con lo cual el proyecto quedó sancionado y pasa al Poder Ejecutivo.
Cabe recordar que SGS exige al Estado paraguayo US$ 41 millones por incumplimiento de contrato, mientras que la firma Bureau Veritas de Francia (Bivac) pide US$ 21,5 millones, por la misma razón.
El Senado había aprobado el pago total de US$ 62,5 millones el 17 de octubre de 2013. Sin embargo, el 2 de abril pasado Diputados aprobó solamente el pago a SGS y excluyó a Bivac, debido a que existe una sentencia del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) de por medio, que tiene su sede en Washington. El 10 de julio pasado, los senadores se ratificaron en su postura inicial, la cual primó finalmente.
Las dos firmas europeas fueron contratadas durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy, en 1996, pero en 1999 el Poder Ejecutivo a cargo de Raúl Cubas rescindió unilateralmente el contrato y se dejó de pagar a ambas empresas. Por ese motivo, las dos firmas demandaron a Paraguay ante el Ciadi y ganaron el juicio.
El diputado Mario Cáceres (ANR), miembro de la Comisión de Presupuesto, argumentó que si no se aprueba la deuda que data de 1999 la imagen del país en el concierto internacional se verá afectada, mucho más atendiendo la emisión de bonos por parte del Gobierno. “Si no honramos esto, corre riesgo la colocación de bonos que hace poco aprobamos, además de créditos internacionales”, subrayó.
En tanto, el diputado José María Ibáñez (ANR), acompañó la afirmación de su colega, y acotó que por esta deuda no se pueden derrumbar 10 años de buena gestión de los gobiernos. “Estamos poniendo en juego la credibilidad de nuestro país”, subrayó.
Pese a estos argumentos, los liberales propusieron que el cuerpo legislativo se ratifique en su sanción de pagar solo a la SGS.
En lo que los diputados coincidieron en la sesión es en la necesidad de impulsar acciones ante la Contraloría y el Ministerio Público para identificar a los culpables del origen de la deuda. En ese sentido, el diputado colorado Óscar Tuma sostuvo que “tenemos que interesarnos en identificar a estas personas y sean escrachadas para que no entren en restaurantes y en otros lugares”.
El diputado Bernardo Villalba (ANR), por su parte, acusó a funcionarios de Aduanas de ese periodo por quedarse con el dinero que debían percibir ambas empresas internacionales, luego de que el Estado terminara relaciones con ellas. Agregó que es posible que algún aduanero hasta hoy esté lavando ese dinero.
En tanto, el legislador liberal Antonio Buzarquis dijo que como parlamentario hará denuncia formal ante la Fiscalía para saber quiénes son los culpables de la deuda. “No es justo que el pueblo pague esta deuda, se debería iniciar una investigación desde el Ministerio Público”, sentenció.