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El juicio oral y público finalizó este lunes con la sentencia del tribunal conformado por los jueces Víctor Caroni, Luis Giménez Sánchez y Loida Alfonso.
Nancy Alicia Duarte Estigarribia fue acusada por el fiscal de esta ciudad, Bernardo Elizaur, por el hecho punible de cohecho pasivo (coima).
Durante el juicio, el Ministerio Público intentó demostrar que el 28 de setiembre de 2008, la mujer procesada junto a otra agente de tránsito, Carmen Avelina Gómez, sorprendieron a una menor de edad al conducir una motocicleta por el centro de la ciudad.
Al lugar acudió la abuela de la infractora, a quien las agentes de tránsito pidieron G. 50.000 para liberar la motociclista, pero finalmente se quedaron solo con G. 30.000.
Sin embargo, la falta de un testigo presencial y las contradicciones en que cayeron varias de las personas que acudieron a declarar, puso en duda la existencia del hecho punible, según explicó el presidente del tribunal, Luis Giménez, por lo que el cuerpo colegiado resolvió por unanimidad absolver de culpa y pena a la acusada.
El fiscal Elizaur indicó que apelarán esta sentencia y sostuvo que para el Ministerio Público no hay dudas de la existencia de la coima. Según el Código Penal, este delito se castiga con una pena de hasta 3 años de prisión o con multa y el agente fiscal había pedido un año y seis meses de cárcel.
La investigación contra las dos funcionarias municipales supuestamente involucradas, se inició a partir de una denuncia ante las autoridades municipales. El intendente de entonces, Federico Alderete (PLRA), remitió los antecedentes del caso a la fiscalía de Villarrica.
En la audiencia preliminar, Carmen Gómez aceptó la autoría del hecho y fue beneficiada con salidas procesales alternativas al juicio oral, pero Nancy Duarte se negó y su defensa pidió que la causa se eleve hasta la ultima instancia.
El exjefe comunal, quien fue uno de los testigos de la audiencia, celebró que el caso se haya elevado a juicio oral a pesar de que la coima en cuestión era de solo de G. 50 mil y se lo tachaba de bagatelario. Afirmó que existe una “rosca coimera” que operan en casi todas las ciudades y que este es uno de los pocos casos en que la justicia se hizo eco del caso.
Igualmente, en aquel entonces, Alderete había abierto un sumario en contra de las agentes de tránsito y las destituyó de sus cargos. Pero tras ganar las demandas judiciales que plantearon contra el municipio, fueron reincorporadas a la institución.