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El abogado José Domingo Almada Royg no solo atiende grandes casos en los que se ven envueltas controversiales figuras de la política paraguaya, sino que también cobra un sueldo para nada despreciable como funcionario del Ministerio de Salud Pública.
De acuerdo a la nómina de funcionarios de la cartera estatal, Almada Royg es asesor jurídico de la institución y es funcionario de más de 26 años de antigüedad, por lo que recibe un sueldo base de G. 4.068.500, a lo que se le suman otros G. 400.000 en concepto de bonificación por labores insalubres; este último concepto no detalla cuáles serían esas labores insalubres.
El caso no sería demasiado llamativo si no se tratara de uno de los abogados encargado de atender varios de los casos más importantes en los que se vieron involucradas controversiales figuras de la política paraguaya. Almada Royg fue el abogado de Emilia Alfaro cuando la exprimera dama y actual senadora demandó a Paraguayo Cubas, ofendida por una serie de acusaciones que había hecho el mismo sobre una supuesta injerencia en una licitación de Itaipú para favorecer a amigos.
Almada Royg es propietario, junto a su hermano, de la firma “Promesur Consultora S.A.” que en 2011 recibió G. 204.204.000 por parte de Petropar para que defina el rol de la estatal, en una cuestionada determinación.
En otro sonado caso, el estudio jurídico integrado por Almada Royg, Carmelo Caballero (exviceministro de del Interior) y la exfiscala Rocío Vallejos, recibió una millonaria suma para ejercer la defensa en la investigación del supuesto pago irregular de G. 1.234 millones por el arrendamiento del local de la sucursal de San Ignacio, Misiones; de la Cooperativa Universitaria.
Es además abogado del expresidente de Petropar Sergio Escobar (imputado por lesión de confianza), el exministro de Agricultura y Ganadería y actual senador Enzo Cardozo (procesado por estafa); del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones Enrique Salyn Buzarquis (imputado por lesión de confianza y usurpación de funciones públicas); de María Belén Maldonado Silva, hija del diputado Celso Maldonado imputada por compra de notas en la Universidad Católica.
Ejerció además la defensa del exministro de Educación y Cultura Luis Alberto Riart (imputado por lesión de confianza); de la directora de Administración y Finanzas de la Secretaría del Ambiente (Seam), Silvia Evangelina Melo (imputada por extorsión); y del empresario Alberto “Tuti” Pereira Johannsen, condenado por estafa.
ABC Color intentó acceder a la versión de Almada Royg, para lo que nos comunicamos a las oficinas de su estudio jurídico; allí nos dijeron que el mismo se encontraba de viaje y que se encontraría en la oficina recién el jueves en horas de la mañana. Cuando consultamos desde qué hora podríamos encontrarlo nos dijeron que “a partir de las 08:00”.
Almada Royg se comunicó con la redacción de ABC Color y aseguró que lo hizo apenas al llegar de un viaje a San Juan Bautista, Misiones; adónde había viajado para asistir a un juicio. Explicó que él comenzó como funcionario del Hospital de Barrio Obrero en 1988 y que lo hizo como un funcionario administrativo; relató que pasó por varias funciones desde preparar tereré hasta conductor de ambulancia, inclusive. “Pasé por todos los rubros”, afirmó.
El letrado aseveró que el monto que percibe en el centro asistencial es el que corresponde y que se debía a una cuestión de beneficios políticos o de ningún otro tipo. Señaló que el concepto de insalubridad está establecido para todos quienes se desempeñan como funcionarios de hospitales.
Actualmente, manifestó, es el encargado de los sumarios administrativos en la institución, entre otras varias funciones. “Cumplo funciones en la institución”, aseguró para luego agregar que lo hace independientemente de los casos que lleva con su estudio jurídico. “Yo no vengo del mundo político, yo cumplo mis funciones como abogado”, sentenció.
juan.lezcano@abc.com.py - @juankilezcano