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La abogada Ynés Acosta, una defensora pública de Horqueta, denunció un intento de obstrucción a su trabajo en el marco de la defensa de una adolescente de 17 años, que fue detenida por supuestamente estar vinculada al EPP debido a que es hermana de un joven sindicado como miembro activo del grupo criminal. En entrevista con ABC Color, la abogada relató que el recado fue verbal, para que “deje de apretar tanto” en el caso porque su trabajo estaba obstruyendo las tareas del Ministerio Público.
“He recibido un mensaje de una persona que ocupa un alto cargo en el Ministerio del Interior, solicitándome que deje de apretar tanto, porque supuestamente yo como defensa pública obstruyo el trabajo del Ministerio Público, un absurdo total realmente, debido a que la Defensa Pública no se encuentra en igualdad de condiciones que el Ministerio Público en cuanto a litigar, en seguridad, en infraestructura. Entonces pido encarecidamente al Estado Paraguayo que no intente ningún otro amedrentamiento a mi persona y a mi familia. El Ministerio Público tiene todas las herramietas jurídicas para litigar en esta causa y en las demás causas que vendrán”, dijo Acosta en una manifestación pública.
La abogada dijo que buscó garantizar todos los derechos de la adolescente, sobre todo atendiendo a que la misma es madre de un bebé en periodo de lactancia. Para Acosta, la principal molestia que devino en la advertencia es que denunció lo que su cliente le dijo: que fue engañada y torturada por militares de particular y que le plantaron un arma como evidencia de que sería apoyo logístico del EPP.
Según los primeros datos que dieron a conocer desde la FTC, el lunes pasado después del mediodía un grupo de la FTC realizaba vigilancia en el camino que une las comunidades de Paso Tuyá y Kurusu de Hierro, porque manejaban información de que allí estaban elementos del ala logística del EPP. Estando en el lugar divisaron a cuatro hombres distribuidos en dos motocicletas y, según los informaciones que manejaban, estos eran miembros del EPP y procedieron -no hay detalles de cómo- a detenerlos.
Los detenidos fueron Santiago Mercado Sosa (37) y Reinaldo Zeballo Colmán (19), este último había sido detenido en la misma zona en junio de 2014 luego de que lo identificaran como miembro activo de la ACA.
El día de hoy se dio a conocer la versión de que uno de los militares se infiltró en el bastión del EPP y concertó un encuentro con Domingo Ovelar González, quien supuestamente había acordado salir de su escondite para que el militar infiltrado le cambie dólares a guaraníes. Sin embargo, siempre según la versión de la FTC, la hermana menor de Ovelar González estaba en la zona y se percató de la trampa por lo que supuestamente intentó asesinar al militar encubierto, con una pistola 9 mm y eso le permitió a su hemano huir nuevamente hacia el monte.
Según lo que la adolescente relató a la abogada, ella fue detenida por dos militares, con uno de los cuales ella había fijado una cita, porque mantenían una relación sentimental. La adolescente señaló que había conocido al militar en Pedro Juan Caballero, donde estuvo un tiempo atrás porque consiguió trabajo allí.
Dijo que al llegar al lugar acordado con el militar, él y otro soldado la encañonaron, le pusieron una bolsa en la cabeza y le derramaron agua, además de golpearla. La subieron en un vehículo y le preguntaron por su hermano, querían saber dónde estaba y le advirtieron que si no hablaba ella podría ir a la cárcel o que incluso podían matarla. Después llegaron a una zona conocida como “Hampa”, donde una mujer, a la que la adolescente identificó como Graciela Sanabria, entregó a los militares un arma y unos papeles.
La abogada señaló que según el informe de los militares, el arma estaba en el bolso de bebé que llevaba consigo la adolescente, mientras que los panfletos habrían sido encontrados en la mochila de los dos hombres detenidos.
La madre de Domingo Ovelar González, María Gloria González, también denunció en su momento hechos de tortura. María Gloria es la única sobreviviente de un confuso operativo que realizaron miembros de la FTC en conjunto con la Senad, el 5 de setiembre de 2014.
Aquella noche, según la versión oficial, miembros operativos del EPP se reunirían con el ala logística en las inmediaciones de la casa de María Gloria, por lo que los agentes llegaron de asalto y -en un episodio que en ese momento el entonces ministro del Interior Francisco de Vargas había dicho que sería difícil de aclarar- mataron a Hermenegildo Ovelar Candia y Marcos Ovelar Candia. María Gloria entretanto, quien quedó con el rostro desfigurado y con problemas para hablar, fue imputada por varios hechos punibles entre ellos terrorismo, pero hasta hoy la misma está en su casa, porque el Ministerio Público no logró probar nada contra ella. Además en esa ocasión, no detuvieron a ningún miembro del grupo criminal.
Este operativo había sido cuestionado por el Mecanismo Nacional de la Prevención de la Tortura (MNP). Igualmente, el Subcomité para la Prevención de la Tortura, un organismo de la ONU que había manifestado su preocupación por la gravedad de las violaciones a los derechos humanos denunciadas en el marco de las acciones de la FTC, había hecho especial mención del caso de María Gloria.
Acosta comentó otro caso en el que una adolescente de 14 años fue atropellada por un vehículo del Estado en el que habrían estado agentes de la FTC, a pesar de que ni siquiera la altearon primeramente. Esa adolescente junto a otro muchacho fueron detenidos sin ninguna orden. Los acusaron de ser apoyo logístico; en la mochila de ella había ropa sucia y en poder del muchacho había 45.000 guaraníes que supuestamente era para comprar provisiones. Pero el principal argumento de ese caso fue que la adolescente era hermana de un miembro del ACA que después fue abatido, relató.
En ese caso se logró que la adolescente vaya a vivir a un lugar lejos de su ciudad natal, con un pariente, y el año que viene incluso volvería a la escuela. En el caso de ahora, la adolescente guaradará prisión domiciliaria en su casa, donde vive con su madre.