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El equipo fiscal conformado por Leonardi Guerrero, Jorge Arce y Belinda Bobadilla designado por la fiscal adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción, Soledad Machuca, solicitó hoy a la Contraloría General de la República (CGR) informes para la investigación sobre un presunto esquema en los Juzgados de Paz de Asunción conocido como la “mafia de pagarés”.
La diligencia se enfoca en la revisión de declaraciones juradas análisis de correspondencia de funcionarios y jueces. También se revisará las auditorías al Consejo de Superintendencia, con relación a los Juzgados de Paz de La Catedral, San Roque y La Encarnación.
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El caso salió a la luz tras la denuncia del abogado Jorge Rolón Luna, quien aseguró que funcionarios judiciales, como ujieres, falsificaron notificaciones de demandas relacionadas con el cobro de pagarés.
Esto permitió que los procesos avanzaran sin el conocimiento de las víctimas, quienes veían embargados sus salarios sin oportunidad de defenderse.
Lo más alarmante es que varios de los implicados, con salarios modestos entre G. 3.500.000 y G. 4.000.000, llevaban estilos de vida desproporcionadamente lujosos, incluyendo viajes internacionales, vehículos de alta gama y celebraciones opulentas.
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Medidas tomadas por la Corte Suprema
Tras la denuncia, el Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia tomó algunas acciones administrativas. A través de la Resolución 2556, dispuso que funcionarios como Osvaldo Insfrán Vera y Miguel Ángel Rolón Recalde fueran reubicados. Asimismo, mediante la Resolución 2555, se revocaron ascensos y nombramientos interinos de otros involucrados.
El 18 de diciembre de 2024, la jueza de Paz Analía Cibils fue suspendida por un mes, aunque posteriormente fue restituida al cumplirse el plazo. Ese mismo día, se ordenó el sumario y suspensión de varios actuarios, ujieres y oficiales de justicia.
A pesar de las medidas iniciales, la suspensión de la jueza de Paz Liliana González de Bristot y de otros funcionarios no recibieron el mismo tratamiento.