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En comunicación con ABC Cardinal este miércoles, Susana Rodríguez, asesora jurídica de la Municipalidad de Villeta, comentó que la próxima semana varios municipios del departamento Central presentarían su anunciada acción de inconstitucionalidad contra la recientemente promulgada Ley 7.447, que regula los precios para las habilitaciones de vehículos en todos los municipios de Paraguay, con la excepción de Asunción.
Ayer tuvo lugar una reunión de los asesores jurídicos de las municipalidades de Villeta, San Lorenzo, Ñemby, J. Augusto Saldívar, Itá, Ypané, Itauguá y Nueva Italia para unificar criterios en contra de la ley y decidir la presentación de una acción de inconstitucionalidad.
Rodríguez afirmó que un borrador de la acción estaría listo mañana y que el recurso sería presentado al Poder Judicial la próxima semana, posiblemente el martes o miércoles próximos.
La asesora jurídica comentó que otras municipalidades como las de Fernando de la Mora o Luque podrían apoyar la medida.
Agregó que también apoyarán la acción los trabajadores de plataformas de transporte, taxistas, camioneros y “todas las personas afectadas por el pago de este impuesto injusto y desmedido”.
“Intereses creados”
Rodríguez opinó que la ley, que aumentaría considerablemente los montos que los ciudadanos deberán pagar para obtener las habilitaciones de sus rodados, es un “castigo” injusto a los contribuyentes y que la aprobación “es cuestión de intereses creados” de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) y la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
La licenciada opinó que al proyectar, aprobar y promulgar la ley no se tuvo en cuenta la “capacidad contributiva de a quién va dirigido el impuesto” y señaló que muchas personas podrían acabar pagando hasta cuatro veces más que lo que pagan actualmente por su habilitación.
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“A las municipalidades nos va a convenir, supuestamente podremos triplicar nuestros ingresos”, dijo, pero insistió en que es injusto que “a nuestro contribuyente, que ya paga la patente, le tengas que imponer algo cuatro veces más”.
Señaló también que las municipalidades “nunca fueron consultadas” por el Congreso durante la elaboración de la ley.
“No nos respetaron en nuestra autonomía municipal, estos legisladores tendrían que haber llamado a todos los municipios a audiencia pública, haber socializado”, subrayó. “Es evidente que es direccionada y muy injusta esta ley”.
Calificó también de extraño que el presidente Santiago Peña haya promulgado “una ley tan aberrante”.