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La Junta Municipal de Asunción aprobó en su primera sesión ordinaria del año 2025, este miércoles, la declaración de emergencia y el cierre temporal, por un año, de la reserva natural del banco San Miguel. La decisión se dio a consecuencia del feroz incendio que afectó a alrededor de 40 hectáreas de este patrimonio verde de la Capital.
La propuesta fue hecha por la concejala Paulina Serrano (PPQ), quien explicó que la medida no afectará a las zonas donde actualmente existen asentamientos humanos, al igual que aquellas en las que se ubican instituciones públicas y privadas.
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“Propongo que cerremos el área de reserva, que no se pueda acceder, por lo menos por un año. Que podamos controlar ese espacio, por supuesto, con las excepciones de los que tienen permiso. El resto de la reserva puede ser cerrada y podemos tener gente ahí que pueda proteger este territorio y que se regenere y se recupere”, dijo.
La concejala propuso que se cree una brigada de bomberos forestales permanentes, que dependan de la Dirección de Prevención contra Incendios (PCI). “Para ser bomberos forestales, las capacitaciones no son muy largas. Hay muchísimas organizaciones que van a estar dispuestas a capacitar a nuestros funcionarios. Ni siquiera hablo de contratar nuevos”, explicó.
Plantean, a futuro, que la zona sea de turismo ecológico
La concejala Paulina Serrano (PPQ) comparó el área de reserva del banco San Miguel con la reserva ecológica de la ciudad de Buenos Aires y dijo que lo ideal sería poder emular ese desarrollo del turismo ecológico en la capital argentina.
“Hoy estamos en lo más básico, tratar de que no se nos queme y que no se invada toda la reserva. Hay que tomar medidas radicales y preservar eso para que mantenga su valor, porque esto le da muchísimo valor a la Capital. Ni qué decir a la calidad del aire, del agua y de todo lo que representan 300 hectáreas de área protegida”, agregó.
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La minuta fue respaldada por los concejales Rosanna Rolón (ANR- independiente), Javier Pintos (ANR-HC) y Jazmín Galeano (PEN). Los dos primeros hicieron un pedido de que la propia Intendencia sea la que encabece las acciones para evitar la impunidad de estos actos criminales.
Galeano, por su parte pidió una mesa de trabajo entre direcciones de Prevención contra Incendios (PCI) y la Dirección General de Riesgos y Desastres de la Municipalidad, con instituciones del Estado central para planificar un sistema de prevención de incendios en la zona en un plazo de 8 días. Esto fue incluido también en la propuesta aprobada por la Junta.
Propusieron convenio con la Armada, pero no fue tratado
El concejal Humberto Blasco (PLRA) acompañó la iniciativa de protección del territorio, pero cuestionó la capacidad de la Municipalidad de garantizar la seguridad del sitio y recordó que en la zona se instaló un control de acceso que nunca funcionó.
“No hubo control de acceso. Los funcionarios designados no tienen ni las condiciones físicas, anímicas, ni la preparación para hacer frente a los atropellos que a diario se cometían cuando ingresaban camiones contenedores con escombros para seguir avanzando sobre el territorio en una especie de refulado artesanal”, reclamó.
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La propuesta de Blasco fue la firma de un convenio con la Armada Paraguaya para que controle el acceso al lugar, además del enrejado perimetral de las áreas verdes. Además, propuso que las instituciones privadas que se encuentran en el territorio, el Club Mbiguá y el Astillero Rasi, colaboren con la disposición de guardias privadas.
Blasco reclamó que la Municipalidad se encargue, al menos, de la instalación de cámaras de seguridad para dejar constancia en caso de que haya ingresos ilegales. Sin embargo, su propuesta ni siquiera fue puesta a consideración.