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Jubilados de la Caja Jubilaciones y Pensiones Municipal denuncian que el incendio ocurrido en la institución en mayo del año pasado fue orquestado por las anteriores autoridades para destruir las evidencias de una asociación criminal para el robo de sus aportes.
El abogado Pedro Benítez Aldana, representante de los jubilados, explicó que lo que era una sospecha, fue confirmado por el testimonio del principal sospechoso de provocar el siniestro, el exfuncionario de la Caja, Ramón Fernando Kiessel Bejarano, imputado en la causa que investiga el incendio. En un escrito presentado por el sospechoso, al que ellos accedieron, este admitió haber provocado el incendio por presión de sus jefes. El documento consta en el sumario realizado por la Caja.
Según el documento, Kiessel incrimina al expresidente de la Caja, Bernabé Peralta, así como a sus superiores directas, la entonces directora de Administración y Finanzas, Fabiana Benítez, la entonces tesorera, Rossana Isabel Ramírez, y la jefa de Contabilidad, Fulvia Fernández.
El abogado Pedro Benítez Aldana dijo a ABC que el incendio fue provocado expresamente para destruir documentación que los involucraría en una asociación criminal para quedarse con el dinero de jubilados de instituciones municipales, mediante un mecanismo de retiro de aportes. “Esa era la asociación ilícita para delinquir en la Caja”, afirmó.
Funcionario dijo que fue amenazado
Según el documento al que accedieron los jubilados, Ramón Fernando Kiessel Bejarano, quien confesó haber iniciado el fuego, dijo haberlo hecho por amenazas de sus superiores, tras haber sido involucrado en el esquema. “Rossana Ramírez, la tesorera, le decía a él que su jefa, Fabiana Benítez, a pedido del expresidente, (ordenaba) que se tenían que quemar los documentos”, dijo Benítez Aldana.
El funcionario, según los jubilados, era quien efectivizaba los cheques que se emitían, supuestamente, para pagar a los funcionarios que decidían retirar sus aportes. “Ellos maquinaban entre el expresidente, Bernabé Peralta, Fabiana Benítez, la jefa de Contabilidad, Fulvia Fernández y la ejecutante, Rossana Ramírez, que era la tesorera”, dijo el abogado.
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El abogado explicó que los funcionarios hacían todas las gestiones para la devolución de los aportes, pero los cheques eran efectivizados mediante la falsificación de la firma del solicitante en el comprobante de retiro del dinero. El dinero en efectivo era entregado a su jefa, Rossana Ramírez, con la supuesta excusa de ser entregado en efectivo. “En menos de 5 años, de 2019 a fines de 2023, se retiraron G. 24.000 millones”, dijo Benítez Aldana.
Según los denunciantes, Kiessel habría sido presionado por los demás miembros del esquema con la amenaza de que, si eran descubiertos, él iría a prisión por haber cobrado los cheques. Según él, no había tenido noción de las irregularidades hasta que se le instigó a quemar las carpetas.
Cambiaron fecha para la “fiesta”
Benítez Aldana explica que en el documento, el propio Kiessel señala que el plan original era quemar los documentos, que estaban en el suelo de la oficina de Fulvia Fernández, el día 13 de mayo, previo a los feriados del 14 y 15. Sin embargo, un día antes, recibió una llamada de su jefa en la que le dijo que la “fiesta” (código con el que llamaban a la quema), pasaba para el día jueves 16 de mayo.
En su testimonio, Kiessel reconoce haber cortado la cámara de circuito cerrado de la oficina, luego de haber accedido a la llave principal del departamento de Administración de manos de Rossana Ramírez, su jefa.
“Todo ese plan macabro de incendiar las carpetas fue de todos y cada uno de los directores precedentemente individualizados, obviamente, con la intención de no dejar rastro alguno de la apropiación indebida de los fondos de la Caja”, dice en otra parte el texto de Kiessel.
Consejo que permitió el esquema, sigue en la institución, denuncian
El abogado Pedro Benítez Aldana, jubilado y denunciante, dijo que las actuales autoridades de la Caja también son responsables, incluido su titular, Venancio Díaz, como miembro, durante doce años, del Consejo.
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“Él es tan responsable de lo que ocurrió y ahora está denunciando estos hechos, pero todas las documentaciones aprueba el Consejo, las rendiciones, los balances que se enviaban al Ejecutivo y a la Contraloría, como miembros del Consejo, ellos aprobaban”, reclamó.
Los jubilados mencionaron a todos los miembros del Consejo como corresponsables del quiebre de la caja y mencionaron a Luis Caballero Candia, Bernabé Peralta, René Medina, Venancio Díaz, Juan Amarilla, Viviana Brioschi y los suplentes, Justo Gamarra, Gustavo Gómez y Estrella Galeano.
Además, denunciaron que la entonces auditora de la caja, Ignacia Riquelme, es la actual directora de Administración y Finanzas. “Ahora hizo una auditoría, cuando podía haberlo hecho mucho antes y encontrar todo lo que pasó”, reclamó Benítez Aldana. Además, dijo que Rossana Ramírez, jefa directa de Kiessel, sigue en la institución.
Presidente niega acusaciones
En comunicación con ABC Color, el titular de la Caja, Venancio Díaz, confirmó que la funcionaria Rossana Ramírez, mencionada en la declaración de Kiessel, continúa cobrando su salario en la institución, aunque dijo que fue apartada del cargo mientras dure el sumario.
Asimismo, confirmó que la exauditora de la institución durante el periodo en el que sucedieron los hechos, Ignacia Riquelme, es la actual directora de Administración y Finanzas.
Díaz negó, sin embargo, que como miembros del Consejo hayan tenido conocimiento de lo que estaba sucediendo, refiriéndose al desvío de fondos de la devolución de aportes. Aseguró que recién una vez que asumió el cargo de titular de la institución y tras el incendio de la Caja, pudieron conocer y denunciaron lo que pudieron comprobar.