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Sandra Liz Silvero Pereira, quien trabajó durante ocho años en la Gobernación del Guairá, denunció su supuesta desvinculación injustificada mientras se encuentra en etapa de lactancia.
Según Silvero, fue informada verbalmente de que su contrato había concluido y que quedaría “a disposición” para un eventual llamado a recontratación. Sin embargo, no ha recibido una comunicación oficial ni respuesta a las notas que presentó ante la Unidad de Gestión de Desarrollo de las Personas (UGDP) y el despacho del gobernador.
Según Silvero, fue informada de manera verbal que su contrato había finalizado el pasado 3 de enero, quedando a disposición para un posible llamado de recontratación, pero sin recibir ninguna resolución oficial por escrito.
Silvero sostiene que su despido viola las disposiciones de la Ley N.º 5508, que protege a las mujeres en etapa de lactancia exclusiva. En el artículo 14, esta norma permite extender el plazo de lactancia exclusiva hasta 24 meses con dictamen médico, otorgando permisos especiales y garantizando la estabilidad laboral de las madres lactantes.
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Mujer denuncia desvinculación irregular
Además, el artículo 15 anula expresamente cualquier preaviso o despido comunicado durante este período. Agregó que cuenta con el certificado que válida la solicitud de extender su permiso de lactancia hasta abril de este año, debido a que su hija de un año y seis meses de edad se alimenta con pecho materno exclusivo.
Asimismo, la denunciante mencionó que el argumento del fenecimiento del contrato contraviene el artículo 47 de la Ley N.º 1620 de la función pública, que establece garantías en la estabilidad laboral para casos de funcionarios que hayan sobrepasado los dos años de ocupación ininterrumpida de un cargo en instituciones estatales.
A pesar de haber solicitado aclaraciones y reconsideraciones a través de varias notas, Silvero indicó que no ha recibido ninguna respuesta formal ni de la UGDP, a cargo de Luis Boltes ni del gobernador Cesar Luis Sosa.
Contó que desde su incorporación en el 2017 se desempeñó como funcionaria administrativa en la Secretaría General de la Gobernación, luego fue trasladada a la Secretaría de la Niñez y Adolescencia; hasta su desvinculación en enero de este año.
“Quiero que todos escuchen y vean que me desvincularon de mi trabajo de ocho años teniendo un permiso de lactancia, creo que todo el mundo sabe que no se puede hacer lo que me hicieron a mí y es una injusticia, el periodo que me protege la ley es de 24 meses y ahora recién estoy cumpliendo 18 meses, todavía me sobran otros seis y no entiendo por qué me desvincularon. Solicité por mesa de entrada una notificación, con varias notas, primeramente con Boltes (encargado de UGDP) y al despacho del gobernador. No me quiso dar nada, solamente me leyó un dictamen desde su mano”, denunció Silvero.
Respuesta de la Gobernación
Desde la UGDP de la Gobernación de Guairá, que atiende los temas referentes a recursos humanos, el encargado, Luis Boltes, argumentó que el término de relaciones laborales con la exfuncionaria se debe a una decisión administrativa basándonos en el término de su contrato, sumado a un error de tipeo en el último certificado médico presentado por Silvero y un análisis de su legajo, así como su rendimiento en la entidad.
Boltes explicó que no se trata de una desvinculación como refiere la denunciante, sino que su contrato con la Gobernación del Guairá feneció el pasado 31 de diciembre.
“Se ha analizado minuciosamente su legajo técnico dentro de la Gobernación de Guairá durante su estadía, ella prestaba una función específica en la ludoteca (área de recreación para niños dependiente de la Secretaría Departamental de la Niñez y Adolescencia), se vio todo lo que refiere a marcaciones, su horario de llegada, de salida, ella tenía un régimen especial de lactancia que se respetó en tiempo y forma, también analizamos sus salidas de la institución en horario laboral y eso arrojó un cúmulo de porcentajes que no jugó a su favor, por ende la institución resolvió no contar con sus servicios a partir de 2025″, relató.
Sobre la situación del permiso de lactancia, señaló que no se aceptó la extensión del plazo por un error de tipeo en el certificado médico.
“Ella se presentó con un certificado médico donde se expide sobre la lactancia nuevamente y el permiso, pero con algunos errores. Por esto yo dirigí una nota al asesor jurídico de la Gobernación consultando si corresponde nuevamente su pedido y se resolvió bajo dictamen la no contratación o no renovación de contrato de la señora Sandra Liz Silvero, después ella volvió a venir queriendo subsanar eso, pero ya fue a destiempo”, explicó Boltes.
Acerca de la denuncia específica sobre el supuesto incumplimiento de la Ley N.º 1620 de la función pública, donde Silvero alega su derecho a la estabilidad laboral, Luis Boltes se limitó a responder que la denunciante está en su derecho de accionar con el patrocinio de un abogado. Negó que la misma haya presentado algún escrito formal por medio de un abogado e indicó que una vez reciban alguna nota, su caso será reconsiderado.