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El recurso de apelación especial fue presentado por Miguel Ángel Robles Ibarra, exdirector de Gabinete de Hugo Javier González Alegre en la Gobernación de Central, bajo patrocinio del Abg. Guillermo Duarte Cacavelos, con el argumento de que la Sentencia Definitiva Nº 12 dictada el pasado 4 de enero, que lo condenó a 10 años de cárcel, no explica el nexo causal entre los hechos atribuidos al “Nº 2″ y la acción del supuesto “cerebro del esquema delictivo”, condenado como instigador.
“No se pudo probar que el acusado fue nexo entre los autores y cómplices para producir en estos el dolo de cometer hechos punibles. Todo cuanto se plasma en la sentencia sobre la incidencia de Miguel Robles como instigador obedece a una incorrecta aplicación de medios indiciarios”, resalta parte del escrito de apelación presentado ayer miércoles 15 de enero.
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Como solución a los agravios expresados en la apelación especial, la defensa solicita a la Cámara de Apelaciones que anule la SD Nº 12 del 4 de enero de 2025, dictada por el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Karina Cáceres (presidenta), Ana Rodríguez Brozón y Yolanda Morel de Ramírez.
Asimismo, la defensa solicita al Tribunal de Alzada la absolución de culpa y pena del acusado Miguel Robles, quien desde el pasado lunes 6 de enero está recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde ingresó en compañía del exgobernador Hugo Javier González Alegre, por orden del Tribunal de Sentencia que revocó las medidas alternativas a la prisión.
Sentencia en caso Hugo Javier “es contradictoria”, según defensa
El Abg. Guillermo Duarte Cacavelos, representante legal de Miguel Ángel Robles Ibarra, fundamenta en su escrito de apelación que la sentencia que condenó al exdirector de Gabinete de la Gobernación de Central como instigador de los hechos de lesión de confianza grave y uso documentos auténticos tiene contradicciones “lógicas insospechadas e insostenibles”.
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Al respecto, el letrado agrega que fue la única forma de “condonar el pésimo trabajo del Ministerio Público, representado en el juicio oral por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Néstor Coronel, Francisco Cabrera y Rodrigo Espínola.
La defensa puntualiza que para sostener su teoría sobre el caso, en la SD Nº 12 del 4 de enero el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos traza una línea temporal de lo ocurrido “fuera de las reglas del tiempo”.
Agrega que según el fallo, la segunda rendición de cuentas sobre el uso de los fondos de emergencia en la Gobernación de Central fue presentada por los funcionarios de la institución el 2 de julio de 2021; y que las facturas falsas y adulteradas, así como otros documentos utilizados para dicha rendición, fueron preparados en un local que recién fue alquilado en agosto de ese año.
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“El Tribunal dice que se viola la sana crítica al afirmar que las obras se empezaron a construir ANTES del desembolso de los fondos. ¿Qué experiencia de la vida de la construcción tiene este tribunal “especializado”? En lo cotidiano, las empresas vialeras inician sus trabajos sin cobrar por adelantado. El comunicado de la Capaco del pasado 27 de diciembre de 2024 refuta esta afirmación las juezas”, expresó Duarte Cacavelos tras presentar el escrito de apelación.
Robles, el “cerebro del esquema delictivo”
El exdirector de Gabinete de la Gobernación de Central Miguel Ángel Robles Ibarra fue quien ideó y lideró el esquema delictivo, hasta conseguir el desembolso de sumas de dinero por parte del Gobierno Central a favor de la institución departamental, según lo explicado por la presidenta del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, Karina Cáceres, al momento de dar a conocer la condena.
La magistrada resaltó que los G. 5.105.600.000 que la Gobernación de Central desembolsó para la “ejecución de 14 obras que ya existían” en el departamento, y que finalmente fueron cobrados por la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) fueron a parar, en su totalidad, en poder del señor Miguel Ángel Robles.
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Según lo fundamentado por Cáceres, la transacción económica debió realizarse vía transferencia de la cuenta de la Gobernación de Central directamente a la cuenta de la Fundación CIAP, no mediante cheques como ocurrió en el presente caso. Agregó que con este procedimiento se evitó la trazabilidad del dinero que pagó la institución departamental.
Además del exgobernador Hugo Javier González y del exdirector de Gabinete Miguel Robles, condenados a 10 años de cárcel, el Tribunal de Sentencia condenó a 2 años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena al exdirector de Administración y Finanzas Javier Marcelo Rojas Giménez; la exsecretaria del gobernador Lourdes Lezcano Decoud; al extesorero Luis Eduardo Allende Araújo y la exsecretaria de Administración y Finanzas Modesta Valiente Escobar.
Tanto el Ministerio Público como las demás defensas tienen tiempo hasta las 23:59 del próximo viernes (24 de enero) para presentar apelación en contra de la Sentencia Definitiva Nº 12 del 4 de enero, en atención a que las partes fueron notificadas recién el pasado 10 de enero y el plazo para apelar el fallo de primera instancia es de 10 días hábiles.
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