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Un desalojo de gran magnitud se llevó a cabo en el asentamiento Santa Librada, ubicado en Franco Cue, distrito de San Juan Nepomuceno, Caazapá. El procedimiento fue realizado en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Yuty y afectó a más de 150 familias que han habitado la zona durante más de 20 años.
La intervención, que comenzó en las primeras horas del 8 de enero de 2025, incluyó un masivo despliegue policial con tres helicópteros, más de 25 patrulleras, y unidades especializadas como el Grupo Especial de Operaciones (GEO), Antinarcóticos, Inteligencia y la Agrupación Montada.
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Los dos inmuebles, que comprenden un total de 4.361 hectáreas, fueron declarados propiedad del exconcejal departamental Benjamín Adaro Monzón, una figura polémica vinculada en el pasado con actividades delictivas y disputas políticas.
El encargado de ejecutar la orden de desalojo fue el oficial de justicia Eustaquio Torres, quien aseguró que el procedimiento se llevó a cabo según lo estipulado por la ley. Sin embargo, los pobladores desalojados denuncian que no se consideraron los años que han habitado el terreno ni sus derechos como ocupantes.
El operativo estuvo bajo la dirección del comisario general inspector Jorge Ramón Aquino, director de policía del sexto departamento, quien señaló que se trató de una acción planificada y coordinada.
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El operativo de desalojo se dio entre tensiones, se usó maquinaria pesada para el derribo de precarias viviendas que se encontraban dentro del inmueble, ante el desconsuelo de los pobladores de este asentamiento. Alegaron que sus familias habitaban este asentamiento desde hace 20 años y que el título de propiedad presentado por el exconcejal es ilegítimo.
¿Quién es Adaro Monzón?
Benjamín Adaro Monzón es un influyente político colorado y exconcejal departamental de Caazapá.
El político y exedil departamental, cuenta con un historial controvertido. Fue investigado en 2020 por el fiscal Marcelo Pecci en el marco del “Operativo Gángster” como supuesto líder de una organización criminal con influencia política.
Además, en 2023, fue enjuiciado en una causa por homicidio doloso y asociación criminal, donde se lo vinculaba como supuesto autor intelectual en el hecho de sicariato que tuvo como víctima fatal a Carlos Jorge “Gordo” Delvalle Lugo.
El fallecido había denunciado a Adaro en agosto del 2019 por supuestas amenazas de muerte recibidas, a la vez que era intimado a entregarse como responsable de un ataque con armas de fuego a la sede de la Junta Departamental de Caazapá una semana antes.
Delvalle fue ejecutado con 16 disparos de arma de fuego un mes después, el 14 de setiembre de 2019 y en la investigación de este sicariato fue hallado el mismo tipo de arma que un mes antes fue disparado contra la sede del cuerpo colegiado.