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La Cámara Paraguaya de Distribuidores de Materiales de Construcción (Cadimaco) denuncia la monopolización de la gestión de los residuos en Asunción por parte del consorcio Gestión Integral de Residuos - GIR SA (Tecno Scan SA - El Farol y Sermat SA). La firma, que ya maneja actualmente la disposición final de los residuos de Asunción, por concesión otorgada por el intendente, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), podría quedarse también con el control total del alquiler de contenedores para la descarga de escombros, denuncia el gremio en un comunicado.
Los miembros de Cadimaco reiteran su preocupación por las actuales condiciones, donde GIR S.A. es la única habilitada para recibir los desperdicios y agregan que esta situación está afectado gravemente la competitividad y sostenibilidad del sector. Según Cadimaco, el consorcio aplica medidas de competencia desleal para desplazar a otros oferentes.
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Luis Lavigne, vocero del sector, explicó que actualmente el precio de mercado del alquiler del contenedor vacío o tumba para retiro de basura en obras ronda entre los G. 250.000 y los G. 350.000. A ese monto se le suma un canon equivalente a G. 406 por kilo por la disposición final de residuos, que normalmente oscilan entre los G.400.000 y G. 1.800.000 por contenedor dependiendo del peso.
Sin embargo, el consorcio GIR S.A., empresa adjudicada con el monopolio del destino de esos residuos, empezó a ofrecer el mismo servicio -contenedor y disposición final incluidos- por G. 380.000, sin importar el peso de los residuos. “Esta diferencia representa una clara práctica de competencia desleal, limitando nuestra capacidad de operar en igualdad de condiciones y de buscar alternativas en el manejo de residuos”, señalan.
Toman escombros como residuos industriales, reclaman
El vocero del gremio reclamó que en Paraguay, pese a que los escombros son elementos de alta potencialidad de ser reciclados, estos son considerados como residuos industriales. Explicó que el problema empieza desde el hecho de que una sola empresa tenga el servicio, obligando al consumidor a pagar lo que la empresa establezca.
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Lavigne añadió que este esquema es el que fomenta que algunas personas particulares prefieran pagar a servicios informales para evitar pagar el alto costo. “Favorece la informalidad y nosotros que hacemos bien las cosas llevamos ahí y nos quedamos con el clavo”, explicó.
“Ellos lo que quieren hacer es quedarse con todo, quieren brindar el servicio del alquiler de contenedores, eliminarnos a nosotros del mapa y después cobrarle a los clientes lo que se les antoja”, dijo Lavigne, quien atribuyó la prepotencia al poder político.
Agregó que ahora les están “dando el caramelito” a los consumidores finales, “pero una vez que a nosotros nos saquen completamente del negocio, van a cobrar igual que la disposición final”. Explicó que actualmente el consorcio no cuenta con la infraestructura para copar el mercado, pero que con este tipo de medidas, hay una clara violación a la libre competencia garantizada en la Constitución Nacional.