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La denuncia fue presentada por la familia Friessen, que alega haber sido víctima de un fraude relacionado con la compra fallida de 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco. Según las investigaciones, los procesados habrían despojado de esta suma a los denunciantes mediante promesas falsas. En la causa están imputados y actualmente detenidos Willian Bogarín Campuzano, alto funcionario del Congreso; Ilsa Paredes, abogada, y José Francisco Ljubetic, quien cumple arresto domiciliario debido a su avanzada edad.
Confesiones de Ljubetic
Ljubetic afirmó que fue el “gestor” en las transacciones y admitió haber recibido más de 2 millones de dólares en el marco de otras gestiones. Según él, parte de este dinero fue destinada al pago de “coimas” en el Indert y a la contratación de los abogados implicados. “Pagaba ‘coimas’ en varios casos y me encargaba de gestionar todos los trámites irregulares para la colonia y la familia Friessen”, declaró.
Entre sus afirmaciones, Ljubetic señaló que el interés en las tierras fue inicialmente del fallecido David Friessen, patriarca de la familia denunciante. Según el procesado, los primeros 400.000 dólares fueron entregados como adelanto para iniciar las gestiones. Sin embargo, tras la muerte de David Friessen, los trámites continuaron con sus hijos, pero sin resultados concretos.
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Ruptura de confianza y denuncias
Ljubetic relató que trabajó durante años como gestor de la familia, no solo en el caso de las tierras, sino también en otros trámites, incluyendo una sucesión legal. Según su versión, la relación con la familia se deterioró cuando los hijos de Friessen revocaron su poder. Este hecho coincidió con los reclamos por honorarios supuestamente pendientes, que Ljubetic estima en más de 1,2 millones de dólares .
Debate público y autoincriminación
En un giro inesperado, Ljubetic asumió plena responsabilidad por los hechos, asegurando que era el único que manejaba el dinero, contrataba abogados y ejecutaba los pagos en nombre de la colonia y la familia. Sin embargo, destacó que las denuncias en su contra surgieron por discrepancias relacionadas con la regulación de honorarios y la desconfianza en su gestión. “Soy el gestor en negro de la colonia; manejaba todo el dinero irregular y pagaba por todos los casos. Recibí y distribuí más de 2 millones de dólares”, afirmó Ljubetic, reconociendo las irregularidades de sus acciones.
Estas declaraciones generan un fuerte debate en la comunidad menonita y en la región. Por un lado, se cuestiona la veracidad de las acusaciones de Ljubetic y su papel como “gestor en negro”. Por otro, se reavivan las críticas hacia las prácticas de corrupción en el Indert, mencionadas en el testimonio.
Mientras tanto, el proceso judicial continúa con Ljubetic bajo arresto domiciliario y los abogados Bogarín y Paredes en la cárcel regional de San Pedro. La comunidad menonita y la opinión pública esperan con interés los resultados de las investigaciones y las posibles sanciones por los actos confesados.