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Alberto Segovia, procesado por violencia familiar Alberto Segovia, es el primer beneficiario del uso de la tobillera electrónica, dispositivo que se colocará por orden judicial a personas que cumplen arresto domiciliario, para evitar fugas o que se acerquen a sus víctimas.
De acuerdo a la disposición judicial, una vez que les llegue la orden, la Policía Nacional debe traer al sindicado hasta la Comandancia con esa misma orden, y en este lugar colocarle la tobillera. Como segundo paso, se llama a la víctima y luego de una entrevista, se le entrega un dispositivo que controla los movimientos de la tobillera. Esto, de manera a verificar los movimientos de agresor y dar aviso inmediatamente en caso de que este se esté acercando a su vivienda.
Si bien la ley establece que la tobillera tiene un costo operativo de G. 2.050.000 al mes que debe costear el beneficiario, el hecho de que el procesado no tenga dinero no significa que no se le colocará el dispositivo.
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Orden se debe cumplir sin objeción
La orden judicial se debe cumplir sin objeción y en medio del trámite, el director del 911 debe presentar documentación para que sea el Estado quien cubra el gasto.
Para lograr esta exoneración, el procesado debe declararse insolvente.
Carlos Hernán Escobar explicó que pretenden ir incluso un poco más allá, y plantearle a la Corte Suprema de Justicia que el victimario no pueda acercarse a 5 km de donde se encuentra la víctima, y no solo de su domicilio.
Alertó que al guiarse solo por el domicilio, puede ocurrir que la víctima se encuentra a 6 km de su domicilio, y en ese sitio pueda encontrarse con el agresor. “Las restricciones tienen que ser a la persona y no al domicilio”, expresó Carlos Hernán Escobar.
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Solo esperan oficio judicial
Ahora, solo están esperando el oficio judicial y una vez que llegue, actuarán inmediatamente, con el fin de que el procesado tenga la tobillera puesta en un lapso de 24 horas.
La víctima no paga nada por tener la otra parte del dispositivo encargada del control de movimientos.
El director del 911 resaltó que con el uso de este dispositivo, pueden proteger a la víctima.
El Tribunal de Apelación Penal de Feria de la Circunscripción Central ordenó por primera vez implementar el uso de la tobillera electrónica para Alberto Segovia Martínez, procesado por violencia familiar. La defensa del sindicado había presentado un recurso de apelación en contra de una resolución judicial que le rechazó someterse a proceso sin estar en prisión preventiva. Al aceptarse su apelación, le otorgaron el arresto domiciliario utilizando el dispositivo tecnológico de control.
