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El intendente Carlos Quiñónez (ANR-HC) prometió saldar las deudas pendientes durante la quincena de este mes de enero. Según explicó, la medida de no renovar contratos responde a recomendaciones administrativas para reducir el gasto en personal, argumentando que recibió una administración caótica. “Desde el año pasado me recomendaron disminuir el plantel de funcionarios por razones presupuestarias, aunque no es fácil despedir personas, finalmente tomamos esta decisión tras analizar la situación financiera”, afirmó el intendente.
Deudas heredadas y déficit financiero
El intendente señaló que tomó la administración en el año 2023, tras la renuncia del exintendente Gustavo Rodríguez, también colorado cartista, quien dejó la administración municipal en un estado crítico. Según Quiñónez, recibió la Municipalidad con apenas 5 millones de guaraníes en caja y con deudas acumuladas superiores a 900 millones de guaraníes con los ediles. Además, la deuda acumulada asciende a 18 mil millones de guaraníes, pero asegura que la administración está regularizando los compromisos paulatinamente. “Hoy estamos al día con los concejales, y tenemos el compromiso de estar al día con los trabajadores, incluyendo los 20 salientes, la próxima semana”, enfatizó Quiñónez, destacando que las finanzas municipales están en proceso de recuperación.
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Críticas y cuestionamientos
El intendente ha sido duramente cuestionado por supuestos altos costos en obras públicas. Además, el año pasado declaró en medios locales su intención de buscar la reelección para el cargo, lo que genera críticas adicionales. Quiñónez es parte del equipo político del gobernador Freddy D’Ecclesiis y del diputado Leonardo Saiz.
Los funcionarios despedidos y quienes aún esperan sus salarios lamentan las decisiones tomadas por la administración. “Es una falta de respeto hacia los trabajadores que dieron años de servicios, exigimos que cumplan con lo que nos deben”, señaló uno de los afectados.
La situación en la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú pone en evidencia los retos financieros y administrativos que enfrentan las gestiones locales, mientras la comunidad espera soluciones concretas y mayor transparencia en la administración de los recursos públicos.